Gobierno canadiense presenta proyecto de ley que prohíbe importación de productos elaborados con trabajo forzoso

Canadá busca endurecer sus fronteras comerciales mediante un nuevo proyecto de ley destinado a frenar el ingreso de mercancías elaboradas bajo condiciones de explotación laboral. La ministra de Asuntos Exteriores ingresó al parlamento federal la propuesta legislativa denominada Proyecto de Ley C-35, que crea una normativa autónoma para reemplazar las actuales restricciones contenidas en el Arancel Aduanero canadiense.

La iniciativa faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para confeccionar un listado de productos de alto riesgo, clasificándolos por región, empresa o persona, sobre los cuales existan sospechas fundadas de haber sido fabricados con mano de obra forzada. Bajo este mecanismo, las empresas que busquen ingresar dichos artículos a territorio canadiense tendrán la obligación de entregar documentación detallada a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá respecto a la trazabilidad y procedencia de toda su cadena de suministro. Si los importadores no proporcionan estos antecedentes, las mercancías serán catalogadas automáticamente como prohibidas.

El texto legal otorga además atribuciones a las autoridades aduaneras para retener los cargamentos bajo sospecha por un plazo inicial de hasta 90 días con el fin de indagar su origen de fabricación. Asimismo, el proyecto establece canales para optimizar el intercambio de datos entre diversas oficinas gubernamentales y fija un sistema de cobro que obligará a los infractores a costear los gastos derivados de los procedimientos de fiscalización y retención de sus productos.

Esta medida se suma a la Ley de Cadenas de Suministro implementada por el gobierno de Canadá en 2024, que obliga a corporaciones y organismos públicos a reportar anualmente sus acciones contra el trabajo forzoso e infantil. Actualmente, la nación norteamericana comparte únicamente con Estados Unidos y México políticas de prohibición total para este tipo de importaciones, en un contexto global donde diversos informes de organismos internacionales y denuncias judiciales alertan sobre la persistencia de abusos laborales en sectores agrícolas y de construcción a nivel mundial.

Vea proyecto de ley.