Fiscalía de la Corte Penal Internacional presenta su Informe Anual 2025

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer su Informe Anual 2025, un documento que recoge la actividad desplegada durante un año caracterizado por un notable aumento de conflictos y una demanda creciente de investigación. El informe ofrece una panorámica general del trabajo realizado y de las acciones emprendidas pese a las presiones externas que, según la Corte, han intentado afectar su funcionamiento independiente.

En la presentación pública del informe, la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan señaló que la Oficina ha operado en un entorno especialmente exigente. Indicó que, pese a este escenario, la institución mantuvo el ritmo de sus investigaciones y obtuvo resultados relevantes en distintas etapas procesales, incluidas nuevas órdenes de arresto y avances en procedimientos judiciales.

El documento precisa que existen 32 órdenes de detención vigentes de conocimiento público, 17 de ellas emitidas entre 2023 y 2025. La Fiscalía subraya que la coordinación con la Secretaría de la Corte y con los Estados Partes permitió optimizar las estrategias para la localización de fugitivos y la ejecución de arrestos, lo que ha facilitado el progreso de diversas causas.

Entre las detenciones destacadas se menciona la de Rodrigo Roa Duterte, concretada en marzo de 2025, cuyo caso avanza hacia la audiencia de confirmación de cargos. También se incluye la detención de Khaled Mohamed Ali El Hishri en la situación relativa a Libia, considerada un avance relevante dentro de ese expediente.

El informe recoge, además, momentos significativos ocurridos en salas de audiencia. Entre ellos figuran las condenas dictadas en el caso Abd-Al-Rahman, vinculado a la situación en Darfur; el fallo en el caso Yekatom y Ngaïssona, referente a la República Centroafricana II; y la primera audiencia de confirmación de cargos realizada en ausencia del sospechoso en el proceso contra Joseph Kony en la situación de Uganda.

Según la Oficina, en 2025 se recibió un volumen récord de presentaciones por parte de víctimas y comunidades afectadas: 83.119 envíos, acompañados de más de 570.000 archivos electrónicos mediante la plataforma OTP Link. Este flujo incrementó el acervo probatorio y exigió el uso de tecnologías más robustas para su procesamiento, lo que permitió acelerar la revisión de material en contextos cambiantes.

La Fiscalía también dedicó parte del año a fortalecer sus sistemas internos y a ampliar su vinculación con actores externos. Este trabajo se concretó en iniciativas como el Foro OTP sobre Complementariedad y Cooperación, y el Diálogo Estructurado OTP–OSC, ambas orientadas a mejorar el intercambio con autoridades estatales, organizaciones civiles y otras entidades asociadas.

El informe detalla el desarrollo y la puesta en marcha de nuevas políticas para la aplicación del Estatuto de Roma en ámbitos emergentes. Entre ellas figuran lineamientos para abordar daños ambientales y para incorporar las particularidades de los delitos cibernéticos. Estas políticas se integran a un ciclo iniciado en 2022, que ya incluyó instrumentos en materia de persecución por motivos de género, delitos de género, niñez, complementariedad, cooperación y delitos de esclavitud.

Con este conjunto de avances, la Fiscalía considera que se ha configurado una base operativa y normativa que facilitará la continuidad del trabajo durante 2026. En su declaración final, la fiscal adjunta Khan expresó el reconocimiento de la Oficina al personal y a los socios institucionales, señalando que la colaboración sostenida será clave para el desarrollo de las actividades previstas para el próximo periodo.

Vea texto del informe.