Fiscal de la Corte Penal Internacional presenta informe al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Darfur

En el marco de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó su cuadragésimo primer informe sobre la situación en Darfur, abarcando el período comprendido desde finales de enero de 2025. El documento informa sobre la continuidad e intensificación de las investigaciones en curso, pese a las limitaciones operativas y de cooperación internacional.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía mantiene como prioridad la investigación de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde abril de 2023, especialmente en la región de Al Geneina y sus alrededores, en Darfur Occidental. Entre los hechos indagados figuran homicidios, saqueos, ataques contra campamentos de personas desplazadas internas, violencia de género y delitos contra menores.

Durante el período reportado, se han recopilado más de 7.000 elementos probatorios, incluyendo declaraciones de testigos, grabaciones, transcripciones y material audiovisual, obtenidos mediante despliegues en Chad y otros países vecinos. La Oficina del Fiscal ha reforzado su equipo con especialistas en delitos de violencia sexual y de género, y ha formalizado un marco de cooperación con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Sudán.

El informe también actualiza el estado del juicio contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, conocido como Ali Kushayb, cuyo fallo se encuentra pendiente y constituye el primer proceso derivado de la remisión del Consejo de Seguridad en el caso Darfur. Asimismo, se detallan avances en la obtención de pruebas y la localización de los exfuncionarios Omar Al Bashir, Abdel Raheem Hussein y Ahmad Harun, sobre quienes pesan órdenes de detención vigentes.

En paralelo, se mantienen las investigaciones sobre Abdallah Banda Abakaer Nourain, acusado de crímenes de guerra vinculados al ataque contra personal de la misión de paz de la Unión Africana en Haskanita, ocurrido en 2007, quien permanece prófugo.

El Fiscal destacó las actividades de acercamiento con comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y diásporas sudanesas, con el fin de recoger testimonios, preservar pruebas y difundir información sobre el mandato de la Corte. En este contexto, se desarrollaron visitas a campamentos de refugiados en Chad y se fortalecieron alianzas con organizaciones no gubernamentales internacionales y regionales.

Entre los principales desafíos identificados se encuentran las dificultades de acceso a territorio sudanés, los riesgos de seguridad para testigos y personal investigador, y la disminución de la cooperación efectiva por parte de algunos Estados. El documento subraya la necesidad de apoyo sostenido para la ejecución de órdenes de arresto, la facilitación de entrevistas y el intercambio de información crítica.

El informe concluye reafirmando el compromiso de la Fiscalía con la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Darfur, instando al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a mantener la justicia y la responsabilidad penal como componentes centrales de cualquier respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos en Sudán.

Vea texto del informe.