Fallo contra Google distingue entre búsqueda e inteligencia artificial

En un artículo de Mario Covarrubias Jurado éste analiza un reciente fallo alemán contra Google y explica que la decisión no significa que los buscadores vayan a responder siempre por los contenidos que aparecen en sus resultados. Más bien, el fallo busca distinguir dos situaciones distintas: cuando un buscador sólo encuentra y muestra información creada por terceros, y cuando una herramienta de inteligencia artificial genera una respuesta propia.

La sentencia fue dictada el 28 de mayo de 2026 por el Tribunal Regional de Munich, en Alemania. Es una de las primeras decisiones europeas que analiza directamente qué responsabilidad puede tener una empresa tecnológica cuando incorpora inteligencia artificial generativa a un motor de búsqueda.

El fallo todavía no está firme, porque Google anunció que lo impugnará. Sin embargo, sus fundamentos son importantes porque anticipan una discusión cada vez más relevante: quién responde cuando una inteligencia artificial entrega información falsa, especialmente si esa información aparece como una respuesta clara y confiable para el usuario.

El caso se originó por una demanda presentada por una editorial alemana y una empresa relacionada. Ambas reclamaron porque AI Overviews, una herramienta de Google que genera resúmenes con inteligencia artificial las vinculó con prácticas fraudulentas, trampas de suscripción y comportamientos comerciales poco serios.

Luego de una audiencia, el tribunal ordenó a Google dejar de difundir determinadas afirmaciones generadas por AI Overviews. La controversia sigue abierta, porque la empresa apeló la decisión y aún no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

Para el autor, lo más importante del fallo no es sólo que se haya ordenado cesar la difusión de ciertas afirmaciones falsas. Lo realmente relevante es que el tribunal diferenció entre dos funciones: buscar información ya existente y crear una respuesta nueva mediante inteligencia artificial.

Hasta ahora, los buscadores tradicionales han sido tratados, en general, como intermediarios. Esto significa que no se considera que hagan propia toda la información que indexan o muestran, porque esa información fue creada por terceros. Por eso, normalmente sólo responden cuando toman conocimiento efectivo de una infracción clara y no actúan.

El tribunal alemán reafirmó que esa regla sigue vigente para los buscadores tradicionales. Es decir, el fallo no elimina el régimen de responsabilidad limitada que protege a los motores de búsqueda cuando sólo se limitan a localizar información ajena.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que AI Overviews funciona de manera distinta. Esta herramienta no sólo muestra enlaces o resultados creados por terceros, sino que combina distintas fuentes y produce una respuesta nueva. Por eso, el usuario puede entender que esa respuesta fue elaborada por el propio sistema de Google y no simplemente tomada de otra página.

Esa diferencia es clave. Si una herramienta de inteligencia artificial genera una afirmación falsa, la responsabilidad no puede analizarse igual que cuando un buscador sólo muestra contenidos ya publicados por otros sitios. En el primer caso, el sistema participa activamente en la creación del contenido; en el segundo, sólo facilita el acceso a información ajena.

El fallo también aborda un punto novedoso: la libertad de expresión cuando el contenido no proviene de una persona, sino de una inteligencia artificial. Google invocó la libertad de expresión, pero el tribunal observó que la afirmación cuestionada no expresaba una opinión humana, sino que había sido generada por un sistema algorítmico.

Por esa razón, el tribunal consideró que la herramienta de búsqueda asistida por inteligencia artificial debía entenderse principalmente como parte de la actividad comercial de Google, y sólo de manera secundaria como una contribución al debate público protegida por la libertad de expresión.

Esta idea es relevante porque, durante años, muchos conflictos sobre Internet se analizaron como una tensión entre responsabilidad civil y libertad de expresión. El fallo alemán agrega una nueva pregunta: qué protección debe tener una frase o afirmación cuando no fue dicha por una persona, sino generada automáticamente por una inteligencia artificial.

El caso también muestra un riesgo propio de la inteligencia artificial generativa: puede producir información falsa con apariencia de objetividad. Una respuesta generada por IA puede parecer neutral, precisa y confiable, aunque esté equivocada o se base en una combinación incorrecta de fuentes.

El autor recuerda que esta preocupación ya ha sido advertida en otros ámbitos. Cita la encíclica “Magnifica Humanitas”, del papa León XIV, de mayo de 2026, que advierte que las respuestas de estos sistemas pueden parecer objetivas, aunque reflejen criterios y sesgos de quienes los diseñaron y entrenaron. Esa confianza excesiva puede llevar a presentar como verdaderas afirmaciones que no lo son.

AI Overviews fue cuestionado precisamente por ese motivo: habría generado afirmaciones falsas con apariencia de objetividad. Por eso, el caso muestra que este problema ya no es sólo ético o teórico, sino que está llegando a los tribunales.

El fallo también forma parte de una tendencia más amplia. El derecho empieza a mirar menos a las empresas tecnológicas como categorías generales y más a las funciones concretas que pueden generar riesgos. No es lo mismo un buscador tradicional, una red social, un sistema de recomendación, una herramienta de inteligencia artificial generativa o un mecanismo que amplifica contenidos.

La regulación europea de inteligencia artificial sigue esa misma lógica. Sus obligaciones de transparencia se dirigen especialmente a los sistemas de IA generativa, no a la actividad tradicional de indexar contenidos. Lo mismo ocurre con otras regulaciones que buscan limitar riesgos específicos, como los sistemas de recomendación, la reproducción automática o mecanismos que retienen la atención de los usuarios.

La protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital confirma esta tendencia. Australia restringió el acceso de menores de 16 años a ciertas redes sociales. La Unión Europea avanzó con el Digital Services Act y con medidas dirigidas a funciones concretas de las plataformas. España, Francia y el Reino Unido también han desarrollado propuestas similares.

Lo importante, según el autor, es que estas regulaciones no tratan a todas las plataformas o buscadores como si fueran iguales. Se concentran en las herramientas que generan riesgos específicos. La inteligencia artificial generativa parece avanzar por el mismo camino.

Por eso, el fallo alemán no debe interpretarse como una señal de que todos los buscadores tendrán mayor responsabilidad. Al contrario, el tribunal dejó claro que las reglas tradicionales siguen siendo válidas cuando un buscador sólo indexa y muestra información de terceros.

Esa aclaración es importante porque todavía existen buscadores que no generan respuestas con inteligencia artificial y que se limitan a mostrar enlaces o resultados. Aplicarles las mismas obligaciones que a una herramienta generativa podría producir una regulación injusta o desproporcionada.

La distinción también importa para países como Argentina. Allí, la jurisprudencia ha entendido que los buscadores son intermediarios técnicos y no autores de la información que aparece en sus resultados. Por eso, su responsabilidad se ha basado en el conocimiento efectivo de una ilicitud clara.

El autor advierte que, cuando esta discusión llegue a Argentina, el desafío será evitar una generalización indebida. La preocupación por los riesgos de la inteligencia artificial generativa no debería llevar a ampliar automáticamente la responsabilidad de todos los buscadores.

En otras palabras, si una herramienta de IA crea contenido falso, ese problema debe analizarse como un caso de generación de contenido. Pero eso no significa que deba cambiarse todo el régimen jurídico aplicable a los buscadores tradicionales.

En conclusión, el verdadero aporte del fallo alemán no consiste en aumentar la responsabilidad de todos los buscadores, sino en separar tres fenómenos distintos: la búsqueda de información, la generación de contenido mediante inteligencia artificial y la expresión humana en el debate público.

Cada una de esas actividades puede necesitar reglas diferentes. Si esta línea se consolida en otros países, el caso podría ser recordado no por poner fin al régimen tradicional de los buscadores, sino por precisar mejor cuándo ese régimen sigue vigente y cuándo corresponde aplicar un análisis distinto.

Más que una condena concreta, el fallo puede convertirse en un hito del derecho digital porque ayuda a trazar una frontera más clara entre buscar información, crear contenido con inteligencia artificial y asumir una verdadera autoría algorítmica.