Estados federales de Estados Unidos impugnan las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental ante un tribunal de Nueva York.

Un grupo de catorce fiscales generales estatales presentó una demanda ante un tribunal federal en Nueva York (Estados Unidos) en contra de Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el presidente Donald Trump. La demanda impugna la legalidad de la autoridad conferida a DOGE y las recientes acciones administrativas adoptadas bajo su dirección, incluyendo la modificación de la estructura y el funcionamiento de catorce agencias federales, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

En la presentación judicial, los demandantes aducen que las medidas adoptadas por DOGE afectan los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. En particular, se señala la posible vulneración de la Cláusula de Nombramientos, que establece que el presidente debe obtener la confirmación del Senado para designar funcionarios en cargos creados por el Congreso. La demanda sostiene que esta disposición constitucional garantiza un equilibrio institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la creación y gestión de los organismos gubernamentales.

Uno de los aspectos centrales del litigio es la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que dio origen a DOGE. Según el libelo presentado, dicha orden modificó la estructura del Servicio Digital de Estados Unidos, un organismo previamente aprobado por el Congreso, otorgándole nuevas funciones enfocadas en la reducción de costos gubernamentales. Los demandantes alegan que esta modificación representa una reestructuración administrativa que excede la autoridad del Poder Ejecutivo, al intervenir en competencias reservadas al Congreso en materia de creación y organización de departamentos gubernamentales.