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Eutanasia
Eslovenia rechaza ley de muerte asistida en segundo referéndum
El país celebró dos referendos en menos de un año sobre la legalización del suicidio asistido para pacientes terminales. Aunque la norma había sido aprobada por el Parlamento y respaldada inicialmente por la ciudadanía, un nuevo plebiscito impulsado por sectores conservadores eclesiales logró revertirla, reabriendo un debate nacional sobre dignidad, derechos humanos y responsabilidad del Estado. Mayoría del 53,43% vota en contra, suspendiendo la legislación por al menos un año.

Eslovenia atravesó un intenso ciclo político y social en torno a la legalización de la muerte asistida, luego de que el país celebrara un segundo referéndum destinado a decidir si se aplicaría o se suspendería la ley aprobada en julio que permitía a pacientes terminales lúcidos acceder al suicidio asistido cuando su sufrimiento fuera insoportable y no existieran alternativas terapéuticas. La norma, que excluía expresamente las enfermedades mentales y establecía que el propio paciente debía autoadministrarse la sustancia letal en presencia de un médico y un enfermero —con posibilidad de objeción de conciencia para los profesionales—, había sido previamente respaldada en una consulta celebrada en 2024.
El nuevo referéndum fue convocado después de que un grupo civil, la iniciativa Voz por los Niños y la Familia, reuniendo 46.000 firmas —superando el mínimo legal de 40.000—, exigiera repetir la votación. La campaña estuvo fuertemente respaldada por la Iglesia católica y los partidos conservadores de oposición, que denunciaron la ley como una amenaza a la “cultura de la vida” y acusaron al gobierno de impulsar un “culto a la muerte”. La Iglesia advirtió que la norma “contradice los fundamentos del Evangelio, la ley natural y la dignidad humana”, mientras los grupos opositores llegaron a acusar al Ejecutivo de “envenenar a enfermos y ancianos”.
Las urnas abrieron a las 7:00 (06:00 GMT) y cerraron 12 horas después, en un proceso que requirió no solo mayoría simple, sino también que votara al menos el 20% del padrón, compuesto por 1,7 millones de electores. En Liubliana, testimonios ciudadanos reflejaron la polarización: una mujer con cáncer avanzado declaró que apoyaba la ley porque no deseaba prolongar su sufrimiento; un estudiante defendió “el derecho de las personas a decidir sobre sus propias vidas”; y otra votante afirmó su rechazo porque “apoyo la cultura de la vida, no la cultura de la muerte”.
Con el 99,9% del escrutinio completado, la Comisión Electoral Estatal confirmó que el 53,43% de la población votó contra la entrada en vigor de la ley, mientras un 46,57% la respaldó, con una participación inferior al 41%. El resultado implica que la legislación queda suspendida al menos por 12 meses, periodo tras el cual el Parlamento podría volver a discutir una nueva versión.
El primer ministro, defensor de la ley, afirmó que el referéndum no zanja el debate y que se trata de una cuestión de “dignidad, Derechos Humanos y elección individual”. Señaló que en una sociedad libre nadie debe ser obligado a un sufrimiento insoportable ni tampoco a quitarse la vida, subrayando que el desafío continúa. Desde la coalición gobernante, las diputadas del Movimiento por la Libertad y de La Izquierda enfatizaron que el resultado se refiere exclusivamente al contenido de la ley y no constituye un juicio sobre la gestión del Ejecutivo.
La oposición interpretó el resultado como un fuerte revés para el Gobierno. Se calificó la votación como una gran moción de censura a la coalición actual. Se aseguró que el país había rechazado “una danza de la muerte” y que el resultado demostraba que un cambio de gobierno “no solo es necesario, sino posible”. Se sostuvo que los eslovenos se pronunciaron “a favor de la vida” y contra una reforma sanitaria, social y de pensiones “basada en la muerte por envenenamiento”.
El debate deja a Eslovenia temporalmente fuera del grupo de países europeos —como Países Bajos, Bélgica, Austria o Suiza— que permiten asistencia médica para morir en casos terminales. Mientras tanto, otras naciones continúan avanzando en esa dirección: Francia aprobó en primera lectura un proyecto de ley sobre el derecho a morir, y el Reino Unido discute actualmente una legislación similar.
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