Demandan al Gobierno federal por restricción de tratamientos de afirmación de género para funcionarios públicos

La Fundación de la Campaña de Derechos Humanos entabló una acción legal colectiva con el objetivo de impugnar una reciente normativa emitida por la Oficina de Administración de Personal (OPM). La controversia se origina a raíz de una política que suprime la cobertura de seguro para diversos tratamientos de afirmación de género en los Programas de Beneficios de Salud para Empleados Federales y del Servicio Postal. Los demandantes argumentan que esta disposición administrativa incurre en una contravención directa del Título VII, normativa que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el ámbito del empleo.

La solicitud judicial se fundamenta en la representación de un grupo de trabajadores federales que se verían afectados por la directiva de la OPM. Dicha oficina instruyó a todas las aseguradoras participantes para que, a contar del año 2026, excluyan de sus planes las intervenciones médicas destinadas a la modificación química y quirúrgica de las características sexuales. Esta restricción abarca todos los rangos etarios y representa una ampliación de directrices previas que ya limitaban ciertos servicios asociados a la transición de género.

Dentro de la nueva regulación, la OPM dispuso que las entidades aseguradoras mantengan únicamente la cobertura para asesoramiento psicológico relacionado con la disforia de género. Asimismo, la autoridad administrativa estableció la creación de un mecanismo de excepciones para ser evaluado caso a caso, destinado exclusivamente a aquellos beneficiarios que ya hubieran iniciado tratamientos quirúrgicos u hormonales al momento de entrar en vigencia la exclusión. No obstante, los recurrentes sostienen que este sistema de excepciones carece de transparencia y resulta excesivamente restrictivo para los afiliados.

La argumentación de la demanda se estructura bajo dos tesis principales de discriminación. Por un lado, se afirma que la exclusión generalizada de procedimientos médicos específicos constituye una forma de discriminación directa por sexo y por la condición de persona transgénero, al afectar prestaciones requeridas mayoritariamente por dicho grupo. Por otro lado, los demandantes sostienen que la exigencia de justificar individualmente la continuidad de los tratamientos impone una carga administrativa adicional que no se aplica a otros tipos de atenciones médicas para personas no transgénero.

En cuanto a las pretensiones legales, la acción busca la rescisión de la Carta de la Compañía 2025-01b y la anulación de cualquier cambio normativo derivado de ella. Los demandantes solicitan una declaración judicial que califique la exclusión como ilegal, tanto en su redacción literal como en su implementación práctica. Además, proponen que los documentos informativos de los planes de salud incluyan cláusulas de no discriminación que garanticen que los criterios de cobertura se fundamenten en necesidades clínicas y no en la identidad de género de los asegurados.

El libelo también hace referencia a la postura de diversas organizaciones médicas, tales como la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, que consideran estos tratamientos como necesarios y basados en la evidencia científica. Los demandantes utilizan este consenso profesional para reforzar el argumento de que la política de la OPM impide el acceso a estándares de cuidado médico que sí son financiados cuando se solicitan bajo otras indicaciones clínicas, configurando así una desigualdad en el acceso a la protección de la salud laboral.

Vea texto de la demanda.