Demandan al Estado de Kansas (EE.UU.) por normativa que invalida licencias de conducir de personas transgénero

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Kansas, en conjunto con la firma Ballard Spahr LLP, ha interpuesto una demanda ante los tribunales estatales en representación de dos personas trans. El recurso legal solicita la anulación de la ley SB 244, una normativa que establece la invalidación inmediata de las licencias de conducir de aquellas personas cuyo marcador de género no coincida con el registro biológico de su nacimiento.

La argumentación jurídica presentada sostiene que la normativa transgrede múltiples garantías contenidas en la Constitución de Kansas. Entre los puntos específicos de la impugnación se encuentran el derecho a la autonomía personal, la protección de la privacidad, el principio de igualdad ante la ley, las normas del debido proceso y el derecho a la libertad de expresión. Los demandantes exponen que la pérdida de vigencia de sus documentos de identificación conlleva una exposición no consentida de su identidad en ámbitos laborales, civiles y ante las autoridades de seguridad.

La legislación en disputa entró en vigor tras una votación en la Cámara de Representantes que permitió superar el veto previamente impuesto por la gobernación del estado. Previo a la implementación de la medida, la administración estatal remitió notificaciones formales a los ciudadanos afectados, comunicando que sus credenciales de conducción perderían validez legal de forma automática al momento de la promulgación de la ley el pasado jueves.

Además de las disposiciones sobre documentación oficial, la SB 244 regula el uso de instalaciones sanitarias en edificaciones de carácter público. La norma estipula que los individuos deben utilizar los espacios correspondientes al sexo asignado en su nacimiento. El régimen sancionatorio previsto por la ley incluye una amonestación inicial, seguida de multas de 1.000 dólares en caso de reincidencia, y la calificación de delito menor de clase B ante una tercera infracción. Asimismo, la normativa faculta a particulares para denunciar y demandar civilmente a quienes incumplan estas disposiciones, estableciendo compensaciones económicas por daños.

Vea texto de la demanda.