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Libertad de expresión
Corte Suprema de EE.UU. anula límites a gasto de partidos políticos y candidatos en campaña
El fallo considera inconstitucionales estas restricciones financieras por atentar contra la libertad de expresión, abriendo un debate sobre el control del dinero en las campañas políticas.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó de manera mayoritaria que las restricciones impuestas al gasto financiero coordinado entre los partidos políticos y sus respectivos candidatos vulneran el derecho constitucional a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda. Con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, el máximo tribunal ejó sin efecto la normativa federal que regulaba estos montos económicos, modificando con ello este criterio.
El dictamen judicial, emitido en el marco de una controversia legal que enfrentó al Comité Senatorial Nacional Republicano con la Comisión Federal Electoral, estableció que los topes de financiamiento regulados por la Ley Federal de Campañas Electorales resultaban desmedidos.
De acuerdo con el dictamen de la mayoría de los jueces, los mecanismos ordinarios de divulgación pública, las leyes de asignación de capitales y los límites vigentes a las donaciones individuales básicas son herramientas suficientes para prevenir eventuales favores indebidos, haciendo innecesaria la restricción del flujo de dinero partidario que asiste a las postulaciones políticas.
La reglamentación que fue declarada inconstitucional fijaba escalas de dinero permitidas según el cargo de elección popular. Bajo ese estándar, los comités nacionales contaban con topes que variaban entre los 65.300 y los 130.600 dólares en el caso de las candidaturas a la Cámara de Representantes, mientras que para los postulantes al Senado las cifras se situaban entre los 130.600 y los 4 millones de dólares, alcanzando un máximo cercano a los 32 millones de dólares para las campañas a la presidencia del país.
La acción judicial que originó este pronunciamiento fue presentada en 2022 por agrupaciones parlamentarias republicanas y representantes políticos individuales. Durante el proceso judicial, el gobierno federal optó por no defender las restricciones normativas vigentes, mientras que el Comité Nacional Demócrata y sus respectivas agrupaciones internas comparecieron formalmente ante el tribunal para respaldar la subsistencia de los límites económicos instituidos.
La sentencia judicial dictada aclara explícitamente que la inaplicabilidad de los límites económicos beneficia de manera exclusiva a las colectividades políticas inscritas. Las directrices restrictivas que afectan a las corporaciones, los denominados Super PAC u otras organizaciones civiles de carácter independiente no formaron parte del objeto de este litigio, razón por la cual la causa fue devuelta al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito para la continuidad de los trámites correspondientes.
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