Corte Suprema de Canadá dictamina que normativa de Quebec que excluye a refugiados de beneficio de guardería es discriminatoria

La Corte Suprema de Canadá resolvió que el Reglamento de Contribuciones Reducidas de la provincia de Quebec incurre en prácticas discriminatorias al excluir a las mujeres refugiadas del sistema de guarderías subvencionadas. La sentencia establece la obligatoriedad de integrar a este colectivo como beneficiario de las ayudas estatales, modificando los criterios de elegibilidad previstos en la citada normativa provincial.

El razonamiento de la mayoría de los magistrados sostiene que la restricción vigente afecta de manera particular a las mujeres. El tribunal argumentó que, al recaer mayoritariamente en ellas las labores de cuidado, la falta de acceso a estancias infantiles financiadas limita sus posibilidades de inserción laboral y fomenta la exclusión social. Esta diferenciación fue calificada como una vulneración al artículo 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, el cual garantiza la igualdad ante la ley sin discriminaciones basadas en el sexo u otras condiciones.

Durante el análisis de proporcionalidad, los jueces reconocieron que el objetivo de Quebec de otorgar beneficios solo a quienes mantienen un vínculo estrecho con la provincia es legítimo. No obstante, determinaron que la exclusión es incoherente en este caso, dado que los solicitantes de refugio que residen en el territorio y buscan establecerse permanentemente cumplen con dicho requisito de vinculación.

El fallo abordó también la naturaleza de la discriminación, donde algunos magistrados sugirieron elevar el estatus de solicitante de refugio a un motivo análogo de protección constitucional, mientras otros mantuvieron el enfoque centrado en la perspectiva de género.

En el ámbito político, las autoridades de Quebec manifestaron su desacuerdo con la resolución judicial. El legislador Bernard Drainville señaló que la decisión complica la gestión de las listas de espera de los ciudadanos que residen actualmente en la provincia. Ante este escenario, el gobierno local planteó la posibilidad de utilizar mecanismos legales de excepción para priorizar el acceso de la población residente habitual frente a las nuevas obligaciones impuestas por el tribunal.

Esta decisión ratifica y extiende un criterio previo del Tribunal de Apelaciones de Quebec de marzo de 2024. Según estimaciones gubernamentales realizadas durante el proceso, la inclusión de este sector poblacional implicaría la incorporación de aproximadamente 7.000 menores al sistema. Esto requeriría una inversión adicional de 300 millones de dólares canadienses en infraestructura y un gasto operativo anual de 120 millones, además de la contratación de cerca de 900 educadores para cubrir la nueva demanda de servicios.

Vea sentencia Corte Suprema de Canadá.