Corte Penal Internacional confirma su jurisdicción para investigar presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un dictamen en el que ratifica su competencia para continuar las indagatorias sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023. El fallo respalda la posición previa de la Sala de Cuestiones Preliminares, estableciendo que los eventos posteriores al ataque liderado por Hamás se circunscriben al ámbito de la notificación original emitida por la Fiscalía, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de Roma.

El conflicto jurídico central giró en torno a la interpretación del artículo 18(1) del Estatuto, que obliga al Fiscal a notificar a los Estados partes antes de iniciar una investigación. La Fiscalía había cumplido con este trámite respecto a Israel el 9 de marzo de 2021, abarcando presuntos delitos cometidos desde junio de 2014. La defensa del Estado de Israel impugnó la validez de dicha notificación para los hechos actuales, argumentando que el aviso original no contemplaba los sucesos desencadenados después de octubre de 2023 y que, por tanto, se requería una nueva instancia procesal para detener la investigación vigente.

Al desestimar la impugnación israelí, la mayoría del tribunal sostuvo que la notificación de 2021 no estaba restringida exclusivamente al régimen de asentamientos de 2014. Los magistrados concluyeron que la declaración de la Fiscalía fue explícita al señalar que el objeto de la investigación abarca actos que podrían tipificarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad bajo el Estatuto. Asimismo, el tribunal reiteró que el nivel de especificidad de la notificación original fue suficiente, dado que en una etapa preliminar no es exigible que el órgano persecutor identifique la totalidad de los actos que serán objeto de pesquisa futura.

En respuesta al fallo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado expresando su rechazo a la decisión de la Sala de Apelaciones. La cancillería israelí argumentó que se le ha negado el derecho a recibir una notificación previa, vulnerando el principio de complementariedad, el cual es fundamental cuando se trata de un Estado con un sistema judicial independiente y democrático. Israel calificó la resolución como una muestra de politización del tribunal y un desprecio hacia los derechos soberanos de los Estados no partes, alegando que la Corte ha actuado en contra de sus propias obligaciones estatutarias.

La jurisdicción de la CPI sobre la situación en Palestina continúa siendo objeto de un intenso debate en el derecho internacional público. Mientras que 79 Estados miembros han manifestado su apoyo a las investigaciones de la CPI sobre Gaza, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica, imponiendo sanciones a funcionarios de la Corte bajo el argumento de que la entidad ha actuado ultra vires, dado que Israel no es signatario del Estatuto de Roma. En este contexto, organizaciones como Human Rights Watch han alertado sobre las crecientes presiones externas que enfrenta el organismo, instando a la comunidad internacional a proteger la independencia judicial y combatir la impunidad en crímenes de trascendencia global.

Vea resolución Corte Penal Internacional.