Corte Penal Internacional confirma cargos contra líder miliciano ugandés acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció la confirmación en ausencia de 39 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), organización armada que operó en el norte de Uganda. La decisión fue adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares III, que consideró que existen fundamentos suficientes para llevar al acusado a juicio, conforme a los artículos 61(2)(b) y 61(7) del Estatuto de Roma.

El tribunal determinó que Kony tendría responsabilidad penal en hechos ocurridos entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005, periodo en el que el LRA mantuvo enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales ugandesas. Los jueces establecieron que las pruebas presentadas por la Fiscalía son consistentes con su presunta participación directa en una serie de crímenes graves cometidos contra la población civil.

Entre los cargos confirmados se incluyen delitos como esclavitud, violación, tortura y persecución por motivos de edad y género, considerados crímenes de lesa humanidad, además de crímenes de guerra como violación, tortura y esclavitud sexual. La CPI concluyó asimismo que Kony habría sido cómplice indirecto de otros 29 delitos cometidos por combatientes del LRA bajo su autoridad.

Estos actos, según los magistrados, se desarrollaron durante ataques contra escuelas, aldeas y otras instalaciones civiles. Entre ellos figuran asesinatos, torturas, matrimonios forzados y reclutamiento de menores, quienes habrían sido utilizados en hostilidades, sometidos a esclavitud sexual y forzados a participar en saqueos y destrucción de bienes.

Joseph Kony fundó el Ejército de Resistencia del Señor en 1987, movimiento que emprendió una insurgencia contra el gobierno del presidente Yoweri Museveni. A lo largo de las décadas, el conflicto generó desplazamientos masivos y graves afectaciones humanitarias en el norte del país.

En 2005, la CPI emitió una orden de arresto contra Kony y otros altos mandos del LRA por presuntas violaciones del derecho internacional. Mientras que los demás acusados fallecieron antes de ser juzgados, Kony continúa en paradero desconocido. La audiencia de confirmación de cargos, inicialmente fijada para octubre de 2024, fue reprogramada por solicitud de las partes y se celebró finalmente los días 9 y 10 de septiembre de 2025, tras la autorización de los jueces de apelación para llevarla a cabo en ausencia.

Aunque los cargos ya han sido confirmados, el proceso judicial solo podrá continuar con la presencia física del acusado ante la Corte, tal como lo establece el Estatuto de Roma. La CPI mantiene abierta la investigación y la orden internacional de detención contra Joseph Kony, en espera de su comparecencia ante la justicia.

“En todo momento, las partes involucradas en el conflicto armado fueron, por un lado, el LRA y, por otro, las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda (UPDF) y unidades armadas locales asociadas. Las hostilidades armadas fueron prolongadas y superaron en intensidad los disturbios y tensiones internas, como motines y actos de violencia aislados y esporádicos. Además, el LRA llevó a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil del norte de Uganda. El señor Kony y otros miembros del LRA tenían un acuerdo para atacar a civiles en el norte de Uganda a quienes el LRA percibía como partidarios del gobierno ugandés, y para sostener al LRA, cometiendo los crímenes imputados, incluidos crímenes sistémicos contra niños y mujeres secuestrados e integrados al LRA, señaló la Corte.

“La Sala rechazó la solicitud de la Defensa de suspender condicionalmente el procedimiento. Ni la Defensa ni la Fiscalía pueden interponer recurso de inmediato contra esta decisión, puesto que la Sala decidió suspender el plazo para interponer la solicitud de autorización para recurrir hasta que el Sr. Kony sea notificado de la decisión tras su entrega al Tribunal”, agregó en un comunicado.

Vea resolución Corte Penal Internacional.