Corte Penal Internacional condena a líder miliciano sudanés por crímenes de guerra y lesa humanidad

La Corte Penal Internacional dictó una condena de 20 años de prisión para Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, antiguo mando de las milicias Janjaweed, tras determinar su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Darfur, Sudán. El tribunal consideró acreditados 27 cargos asociados a abusos cometidos contra la población civil durante los enfrentamientos registrados a comienzos de la década de 2000.

Durante la lectura del fallo en La Haya, la magistrada presidenta Joanna Korner señaló que el acusado intervino directamente en varios episodios de violencia contra civiles y personas detenidas. Aunque el Estatuto de Roma contempla penas superiores, la Sala tomó en consideración factores como su entrega voluntaria en 2020, su edad y su comportamiento durante el periodo de detención.

La Fiscalía había requerido la imposición de la pena máxima disponible, al sostener que Abd-Al-Rahman desempeñó un papel activo en las operaciones de las milicias en Darfur. El tribunal resolvió que el tiempo que el acusado ha permanecido en prisión preventiva desde su traslado a la CPI se incorporará al cómputo total de la condena. Ambas partes disponen ahora de un plazo de 30 días para presentar recursos.

La Corte informó además de que se habilitará una etapa dedicada exclusivamente a la reparación para las personas afectadas. El caso refuerza la actuación de la CPI en relación con los crímenes cometidos en Darfur, mientras otros sospechosos de alto nivel, como el expresidente Omar al-Bashir, siguen pendientes de arresto.

La sentencia se conoce en un contexto particularmente complejo para Sudán, donde desde abril de 2023 se desarrolla un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Estas últimas tienen origen en las milicias Janjaweed, lo que ha llevado a diversos observadores a advertir sobre la reaparición de patrones de violencia étnica. Según organismos internacionales, millones de personas continúan desplazadas dentro de una crisis humanitaria que se mantiene entre las más graves del planeta.

“Para determinar esta pena, la Sala consideró la gravedad de los delitos y las circunstancias personales del condenado, así como otros factores, como el grado de participación, la intención del condenado y el daño causado a las víctimas. La Sala también tuvo en cuenta algunos factores atenuantes. La pena máxima prevista en el Estatuto de Roma es de 30 años de prisión, o cadena perpetua cuando la extrema gravedad del delito y las circunstancias individuales del condenado lo justifiquen”, señaló la Corte.

Vea sentencia Corte Penal Internacional.