Consejo de Estado de Francia avala proyecto de ley que busca modernizar el sistema de educación superior del país

El Consejo de Estado Francia analizó un proyecto de ley compuesto por quince artículos, estructurado en cuatro títulos principales, que aborda la modernización y reglamentación del sistema de educación superior del país. Dicho proyecto fue objeto de modificaciones y remisiones complementarias en las semanas posteriores a su presentación.

El Título I se enfoca en los establecimientos públicos de educación superior, con disposiciones relativas a la acreditación para otorgar diplomas nacionales, la prórroga del régimen experimental de reagrupamiento institucional y la redefinición de normas aplicables a la coordinación territorial. Se prevé también la modificación de la estructura de gobernanza en la Escuela Politécnica, estableciendo nuevas competencias para su Dirección General y Consejo de Administración.

El Consejo de Estado propuso incluir en este título ciertas medidas de descentralización administrativa y simplificación procedimental que originalmente no formaban parte del articulado principal, como la flexibilización del proceso de creación de componentes universitarios y el procedimiento para designar autoridades directivas en escuelas e institutos asociados.

En cuanto al Título II, relativo a los establecimientos privados, se introduce un marco jurídico renovado que contempla la armonización de los procedimientos de apertura, el establecimiento de nuevas figuras de “aprobación” y “colaboración” con el Estado, y la redefinición de las condiciones para el otorgamiento de diplomas con reconocimiento estatal. El Consejo de Estado recomendó ajustar el título de esta sección para reflejar más claramente su objeto de control reforzado sobre dichas instituciones.

Se plantea la creación de un régimen transitorio para permitir la transición desde el anterior modelo de reconocimiento estatal hacia los nuevos procedimientos. También se derogan mecanismos automáticos de autorización existentes desde mediados del siglo XX, introduciendo criterios objetivos y procedimientos formalizados para la admisión de estudiantes becarios.

En relación con los diplomas, el proyecto mantiene la posibilidad de que instituciones privadas celebren convenios con centros públicos o soliciten jurados rectorales para la validación de títulos nacionales, aunque se reforma el marco de decisión correspondiente, otorgando mayor discrecionalidad al rector competente en función de criterios territoriales.

Respecto a los títulos de ingeniería, se modifica el papel de la Comisión de Títulos de Ingeniero, manteniéndose como órgano evaluador, pero trasladando la competencia decisoria final al Ministro de Educación Superior. Esta modificación alinea el procedimiento aplicable a las instituciones privadas con el vigente para las instituciones públicas.

El Consejo de Estado validó la constitucionalidad general de las medidas propuestas, destacando la compatibilidad del nuevo sistema de acreditación con los principios de derecho interno y las obligaciones internacionales asumidas por Francia en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior. También se pronunció sobre la necesidad de integrar ciertas disposiciones reglamentarias en actos legislativos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 de la Constitución.

En lo que concierne al régimen experimental introducido mediante la Ordenanza de 12 de diciembre de 2018, el dictamen autorizó una extensión del mismo hasta trece años, basándose en las dificultades prácticas derivadas de la pandemia y en la evolución reciente de los centros experimentales. El Consejo insistió, no obstante, en que esta prórroga debe estar sujeta a una evaluación y a condiciones específicas de aplicación.

Por último, se introducen mecanismos para controlar el uso de la plataforma nacional de inscripción universitaria Parcoursup, limitando la participación a programas ofrecidos por instituciones aprobadas o en colaboración con el Estado. Esta medida será implementada gradualmente hasta 2029.

Así, concluyó que el proyecto de ley sobre educación superior es jurídicamente admisible, siempre que se integren ciertas precisiones legales. Consideró conforme a la Constitución el nuevo sistema de acreditación y colaboración, avaló la reorganización institucional y aceptó la prórroga limitada del régimen experimental de 2018. Recomendó ajustes normativos para reforzar la seguridad jurídica, garantizar la calidad educativa y asegurar la coherencia con los principios fundamentales del derecho público francés.

Vea dictamen Consejo de Estado de Francia.