Congreso boliviano aprueba ley que permite al presidente desplegar militares para desbloquear rutas en medio de protestas

El Poder Legislativo de Bolivia ratificó el marco normativo que otorga al presidente Rodrigo Paz la atribución legal para disponer la intervención de efectivos militares con el objeto de restablecer la circulación en las rutas nacionales bloqueadas. La iniciativa recibió el respaldo de la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo tras una sesión prolongada, procediéndose a la promulgación oficial de la ley por parte del mandatario, de acuerdo con los reportes gubernamentales emitidos.

La aprobación parlamentaria en la cámara baja no implica el envío inmediato o automático de los contingentes a los puntos de manifestación, sino que formaliza la vigencia de la Ley de Estados de Excepción, instrumento que ya contaba con la sanción previa de la Cámara de Senadores. Esta estructura jurídica confiere al jefe de Estado las competencias reglamentarias para decretar regímenes de emergencia y coordinar operativos de las fuerzas armadas dirigidos de manera exclusiva a la reapertura de las vías, con el propósito declarado de normalizar la distribución de suministros médicos, alimentos y combustibles.

Para la ejecución efectiva de las potestades contempladas en la legislación, el mandatario tiene la obligación legal de emitir un dictamen ejecutivo de carácter específico. En este documento administrativo se deberán determinar con precisión los sectores geográficos sujetos a la intervención y el periodo de duración temporal en el cual se mantendrán vigentes los lineamientos excepcionales de seguridad.

Este cuerpo legal complementa una normativa precedente dictada por el Ejecutivo el 27 de mayo, mediante la cual se modificaron las limitaciones vigentes sobre la participación militar en escenarios de alteración del orden interno. Ambos textos legales operan en forma conjunta, ampliando los canales administrativos y las potestades del gobierno para involucrar al estamento militar en la gestión operativa de los cortes de rutas terrestres.

La adopción de las medidas legislativas coincide con la quinta semana consecutiva de movilizaciones sociales, periodo en el cual se contabiliza un centenar de puntos de paralización vial distribuidos en el territorio boliviano, situación que ha provocado desabastecimiento de productos de primera necesidad.

El movimiento de protesta general, iniciado en el mes de mayo mediante huelgas de carácter sectorial, agrupa en la actualidad a sindicatos mineros, profesionales de la educación, gremios de transportistas, comunidades rurales y organizaciones de pueblos originarios, quienes manifiestan disconformidad ante el encarecimiento de la subsistencia, el desabastecimiento de carburantes y los ajustes en el gasto público, demandando la dimisión del presidente.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz ha sostenido la viabilidad de su programa económico, argumentando que las directrices aplicadas resultan indispensables para alcanzar la regularización financiera y asegurar el bienestar general de la ciudadanía boliviana.

Vea texto legislativo.