CIDH expresa su preocupación por la violencia política en Colombia y llama a reforzar acciones preventivas para garantizar elecciones pacíficas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los hechos de violencia política ocurridos durante el proceso electoral de Colombia. En ese contexto, exhorta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la fase final de las elecciones presidenciales, en particular la seguridad de las personas candidatas a la presidencia.

En el marco del proceso electoral, personas candidatas y dirigentes políticos han sido objeto de amenazas y hechos de violencia. Entre los casos reportados se encuentran amenazas contra Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Asimismo, el 10 de febrero fue secuestrada la candidata vicepresidencial Aida Quilcué; el 15 de mayo fueron asesinados Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes del equipo de campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Meta; y el 20 de mayo el senador Alexander López sufrió un atentado tras participar en una actividad política junto a Iván Cepeda.

Estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil. La Misión de Observación Electoral ha advertido que 386 municipios, equivalentes a un tercio del total, presentan riesgos para el desarrollo de las elecciones. De estos, 139 en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio. Los departamentos con mayor número de municipios en situación extrema son Cauca y Antioquia, seguidos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

Según información del Estado, se implementó el Plan Democracia 2026, orientado a guiar las acciones de la Fuerza Pública en las fases preelectoral, electoral y poselectoral, así como a coordinar con autoridades civiles, administrativas y electorales la protección de personas en riesgo. El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE) fue activado varios meses antes del ciclo electoral, ha sesionado en 18 oportunidades, y brinda esquemas de protección a los 26 candidatos inscritos. Desde el 8 de marzo, se han reforzado los esquemas de protección de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia con más de 460 policías, 260 miembros de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados. Asimismo, se han desplegado más de 11.400 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad en distintos territorios del país para acompañar a las personas candidatas. Estos esquemas fueron revisados y ampliados el 24 de abril.

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación creó una comisión temporal para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 013-2025 sobre el proceso electoral. En este espacio, se ha destacado la diligencia en las investigaciones, la transversalización del enfoque de género y la habilitación de nuevos canales virtuales y presenciales para la recepción de denuncias sobre vulneraciones al derecho a la participación.

La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad. Para ello es necesario adoptar medidas efectivas de prevención, protección e investigación frente a hechos de violencia política, junto con la implementación de políticas públicas integrales que promuevan la desmovilización de grupos armados y organizaciones criminales.