Bolsonaro condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

En un fallo sin precedentes, el ex presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha sido condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y 3 meses de prisión, en régimen inicial cerrado, por su implicación en un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución, adoptada por la Primera Sala del STF, lo declara culpable de cinco delitos: intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho, pertenencia a una organización criminal, daños a bienes públicos y daños al patrimonio protegido.

Además de Bolsonaro, otros siete ex altos funcionarios han sido condenados en esta causa. Entre ellos figuran Walter Braga Netto, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira y Mauro Cid.

El voto decisivo lo emitió la magistrada Carmen Lúcia Antunes Rocha, única mujer en la sala, quien coincidió con el relator del caso, Alexandre de Moraes, al calificar los hechos como un plan sistemático para subvertir la democracia. Moraes detalló que Bolsonaro “recruitó personas de máxima confianza” para promover narrativas falsas, amenazar al Poder Judicial, planificar acciones para anular las elecciones, e incluso elaborar borradores para el asesinato de autoridades, acusaciones que él y otros acusados negaron en distintos grados.

La defensa del exmandatario rechazó la sentencia, calificándola de “excesiva y desproporcionada”, y anunció que apelará tanto ante instancias nacionales como internacionales. Hasta entonces, Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario, dada su edad (70 años) y su estado de salud, factores que podrían influir en el régimen de cumplimiento de su condena.

Se trata de un fallo histórico: es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por atentar contra la democracia tras su derrota electoral. Asimismo, la sentencia reaviva el debate sobre la estabilidad de las instituciones democráticas en Brasil, el respeto al estado de derecho y la responsabilidad penal de los líderes políticos.