Actualidad Internacional
Cuestiona tesis de Israel
Bélgica presenta ante la Corte Internacional de Justicia declaración para intervenir en litigio contra Israel por presunto genocidio en Gaza
El Estado belga formalizó su participación en el proceso contencioso mediante una declaración que busca clarificar el alcance jurídico de la intención genocida en contextos bélicos. La presentación sostiene que la existencia de un conflicto armado o la persecución de objetivos militares legítimos no excluyen per se la configuración del delito de genocidio, aportando una interpretación técnica sobre la relación entre el Derecho Internacional Humanitario y las obligaciones emanadas de la Convención de 1948.

Bélgica formalizó su intervención en el procedimiento que se sigue ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la demanda interpuesta contra Israel por la situación en la Franja de Gaza. La acción jurídica se ampara en el artículo 63 del Estatuto de la Corte, disposición que faculta a los Estados parte de una convención a intervenir en los procesos cuando está en juego la interpretación de dicho instrumento.
Al invocar esta norma, Bélgica acepta implícitamente que la sentencia futura del tribunal tendrá carácter vinculante para su propio Estado en lo que respecta a la interpretación de la Convención sobre el Genocidio.
En su escrito, desarrolló su interpretación jurídica respecto al elemento subjetivo del crimen, conocido como intención genocida. Fundamentándose en la jurisprudencia previa del tribunal, específicamente en la orden de medidas provisionales del caso Gambia contra Myanmar, Bélgica argumentó que el contexto de un conflicto armado activo no impide que la Corte pueda determinar la existencia de una intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.
La tesis belga establece que la ejecución de operaciones militares, incluso aquellas que persiguen objetivos válidos, no anula automáticamente la posibilidad de que coexista una intención genocida, especialmente si dichas operaciones resultan desproporcionadas respecto a los fines bélicos declarados.
Esta postura jurídica aborda directamente los argumentos presentados por la defensa de Israel en su observación escrita del pasado 6 de marzo. En dicha instancia, Israel sostuvo que sus acciones se enmarcan en un conflicto armado contra Hamás y atribuyó la responsabilidad de las víctimas civiles a la estrategia de dicha organización de maximizar el daño a la población no combatiente. En contraposición, Bélgica enfatizó que el cumplimiento o incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) no funciona como una defensa automática frente a las acusaciones de genocidio.
Según el razonamiento expuesto en la declaración de intervención, las violaciones a las normas de la guerra, tales como ataques indiscriminados o agresiones directas a población vulnerable, pueden constituir indicios probatorios de una intención genocida. No obstante, aclaró que la ausencia de infracciones al derecho internacional no impide que el tribunal constate la existencia de genocidio si se prueban los elementos del tipo penal. Por su parte, Israel ha mantenido que Hamas ha utilizado civiles como escudos humanos y desviado ayuda humanitaria, factores que complican la distinción de objetivos en el terreno.
Tras la recepción del documento, la Corte ha procedido a invitar tanto a Sudáfrica como a Israel para que presenten sus observaciones escritas respecto a la intervención belga. Con este acto, Bélgica se suma a una lista de naciones que han decidido hacerse parte en el proceso mediante mecanismos similares, grupo que incluye a Colombia, Turquía y Palestina, evidenciando la relevancia multilateral del litigio iniciado por Sudáfrica en 2023.
El litigio principal se centra en las alegaciones de Sudáfrica sobre operaciones en Gaza con presuntos fines genocidas y la falta de prevención y sanción de la incitación a dicho crimen por parte de Israel. Durante el desarrollo del proceso, la Corte ha emitido diversas órdenes de medidas provisionales, fechadas el 26 de enero, el 28 de marzo y el 24 de mayo de 2024, instruyendo a Israel a tomar todas las acciones necesarias para prevenir la comisión de genocidio y garantizar el flujo de asistencia humanitaria.
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