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Actualidad Internacional

Preocupación por protección de datos

Avanza tramitación de nueva ley de ciberseguridad en Canadá

Despachó la reforma legal C-8 para blindar sectores estratégicos como telecomunicaciones y energía frente a ataques informáticos. La normativa otorga al gobierno la facultad de prohibir tecnologías de alto riesgo, lo que ha despertado alertas en organismos de derechos digitales y de privacidad debido al amplio alcance de las nuevas atribuciones estatales.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·10 de junio de 2026
ley de ciberseguridad Canadá
Imagen referencial

El Senado de Canadá despachó a ley el proyecto C-8, una iniciativa legal que establece un marco regulatorio obligatorio en materia de ciberseguridad. La nueva normativa busca blindar la infraestructura crítica del país ante riesgos emergentes, enfocándose de manera prioritaria en las áreas de telecomunicaciones, finanzas, energía y transportes. El texto legal modifica la Ley de Telecomunicaciones vigente y crea la Ley de Protección de Sistemas Cibernéticos Críticos.

A través de los cambios introducidos a la legislación de telecomunicaciones, el Gobernador en Consejo y el Ministro de Industria adquieren facultades para dictar órdenes administrativas vinculantes dirigidas a las empresas proveedoras de servicios. Estas atribuciones permiten al Ejecutivo vetar el uso de tecnologías de determinados proveedores y ordenar el retiro de infraestructura considerada de alto riesgo para las redes del Estado.

Quienes infrinjan estas obligaciones se expondrán a sanciones económicas. En paralelo, la nueva regulación de sistemas cibernéticos fija directrices formales para el resguardo de plataformas operativas esenciales para la seguridad pública y nacional. Pese a su aprobación legislativa, el proyecto ha enfrentado cuestionamientos de diversos organismos respecto de su impacto en la privacidad de la ciudadanía.

La Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá advirtió que las facultades gubernamentales se estructuraron bajo criterios legales demasiado amplios. Asimismo, la entidad cuestionó la ausencia de un protocolo obligatorio para reportar brechas de seguridad masivas a su oficina y la falta de estándares rigurosos para el intercambio de datos con administraciones extranjeras.

En una línea similar, el centro de investigación de la Universidad de Toronto expuso ante la comisión parlamentaria respectiva un informe técnico donde sostiene que el cuerpo legal no contempla las garantías operativas suficientes para la protección de datos. Tras culminar su tramitación en el Congreso, la propuesta legal se encuentra a la espera de la sanción real para su promulgación y entrada en vigencia.

Vea texto aprobado.

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