Autoridades deben adoptar las medidas necesarias para que los niños con discapacidad reciban una educación inclusiva, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta contra las autoridades educativas de una ciudad por no adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los estudiantes con discapacidad. Amparó el derecho a la educación inclusiva de los afectados, valorando la necesidad de implementar diversos programas de apoyo y de aumentar los recursos para cautelar los derechos de los menores de edad que padecen diversas condiciones.

Según los hechos narrados, el Defensor del Pueblo regional interpuso una acción contra la Secretaría de Educación y la alcaldía distrital por incumplir diversas disposiciones, particularmente en lo relativo a la educación inclusiva. La normativa establecía que las secretarías de educación debían garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad, función que, según el accionante, no se estaba cumpliendo.

Lo anterior, dado que en 2023 diversos cuidadores y personas con discapacidad acudieron a la Defensoría del Pueblo alegando obstáculos en la matrícula y falta de herramientas pedagógicas para la formación de los estudiantes que padecían diversas condiciones. Además, algunos colegios habrían negado cupos de manera indebida a niños con discapacidad. No obstante, la acción fue denegada por los jueces de instancia, por lo que el caso fue conocido en sede constitucional.