Autoridad migratoria de EE.UU restringirá residencia permanente a migrantes dependientes de ayudas estatales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el restablecimiento de la norma sobre carga pública, un mecanismo que exige a los postulantes a la residencia permanente demostrar su autosuficiencia económica. Aunque la regulación aplicable requería comprobar que la persona no dependería del Gobierno para su subsistencia, la nueva versión amplía significativamente el catálogo de beneficios públicos que los funcionarios de inmigración pueden considerar al evaluar cada solicitud.

Entre los programas estatales que se incorporarían a la revisión figuran el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria a través de cupones de alimentos, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, el acceso a servicios de salud pública y los vales de vivienda social. Asimismo, las autoridades migratorias quedaron facultadas para examinar variables personales del solicitante, tales como la edad, el estado de salud, el nivel educacional y las aptitudes laborales al momento de resolver la concesión del estatus de residente.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la entidad migratoria justificó la adopción de la regla final señalando que busca asegurar que quienes busquen la residencia permanente puedan mantenerse a sí mismos y que no sea probable que se vuelvan dependientes principalmente de la asistencia pública, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes. El texto normativo fue publicado el 20 de julio y entrará en vigencia el 18 de septiembre.

Esta regulación fue implementada de manera inicial durante la administración presidencial de 2018, oportunidad en que defensores de los derechos de los migrantes la calificaron como una prueba de riqueza, mientras que expertos en salud pública advirtieron sobre eventuales perjuicios sanitarios. Un análisis elaborado en 2020 por un instituto de políticas migratorias determinó que la norma generó un efecto disuasivo, aun cuando menos del uno por ciento de los 22,1 millones de inmigrantes que había en el país corrían riesgo de inelegibilidad.

La norma fue revocada posteriormente por la administración Biden. No obstante, estimaciones efectuadas por una firma de asesoría legal en materia gubernamental señalan que la reactivación de esta política habría disuadido a unos 26 millones de personas de solicitar asistencia estatal. Según el mismo reporte, aproximadamente la mitad de los afectados correspondería a ciudadanos estadounidenses, generalmente menores de edad.

Vea texto de la resolución.