Audiencia Nacional de España exime de responsabilidad penal a Jordi Pujol por deterioro cognitivo

La Audiencia Nacional de España acordó eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de 95 años, en el marco del juicio seguido contra su familia por presunto enriquecimiento ilícito, luego de someterlo a un nuevo reconocimiento médico.

La decisión fue comunicada por el presidente del tribunal, quien precisó que, tras la evaluación médica realizada y una reunión sostenida con el exmandatario —en presencia del médico forense y de su defensa—, se resolvió que quede “fuera del procedimiento”.

En la causa, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba para Pujol una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros, imputándole delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Público sostiene que el expresidente y sus siete hijos —quienes continúan imputados— habrían conformado una organización destinada a enriquecerse durante décadas mediante actividades corruptas, aprovechando su posición política.

El proceso incluye además a otras 15 personas, entre ellas empresarios que, según la acusación, habrían colaborado en el blanqueo de capitales a través de sociedades instrumentales presuntamente gestionadas por su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que distintos empresarios habrían pagado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y que, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos, se habrían realizado operaciones ficticias. Asimismo, descartan que la fortuna familiar depositada en Andorra provenga de una herencia del abuelo Florenci Pujol.

En cuanto al estado de salud del exmandatario, en noviembre pasado médicos forenses realizaron evaluaciones cognitivas en su domicilio en Barcelona para determinar su aptitud procesal. El informe concluyó que Pujol presenta un “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (Alzheimer y vascular)”, asociado a un deterioro cognitivo moderado, de carácter irreversible, progresivo y sin tratamiento eficaz.

A partir de ese diagnóstico, los especialistas señalaron que no se encontraba en condiciones de trasladarse a Madrid ni de declarar en juicio, al carecer de la capacidad procesal necesaria para ejercer su defensa, tras la cual se adoptó la decisión de excluirlo definitivamente del proceso penal.