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“Código Negro”
Asamblea Nacional de Francia aprueba derogación de leyes coloniales sobre la esclavitud
Eliminó formalmente el Código Negro y el conjunto de leyes coloniales que regulaban el régimen de esclavitud en sus antiguos territorios de ultramar. La medida unánime del parlamento ordena además la elaboración de un informe oficial para evaluar el impacto económico y educativo actual de dicho legado histórico en la sociedad.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó por unanimidad la derogación de los textos legales históricos que regulaban la esclavitud en sus antiguas colonias. La iniciativa legislativa, que obtuvo un respaldo de 254 votos a favor y ninguno en contra, fue impulsada por el diputado Max Mathiasin, quien la presentó formalmente a mediados de septiembre del año pasado.
La nueva normativa deja sin efecto el denominado Código Negro, un compendio de leyes promulgadas entre los años 1685 y 1724. Pese a que Francia abolió la esclavitud de forma definitiva en 1848, este conjunto de leyes particulares nunca había sido formalmente derogado del ordenamiento jurídico del país. Durante el debate parlamentario, se destacó que la medida complementa la legislación previa sobre la materia, específicamente la Ley Taubira, la cual calificó la trata de esclavos como un crimen de lesa humanidad.
Junto con la anulación del Código Negro, la ley aprobada establece que el gobierno deberá presentar un informe detallado ante el Parlamento. Este documento analizará los efectos actuales del derecho colonial en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental de los Territorios de Ultramar, además de evaluar el impacto que dicho legado mantiene sobre los descendientes de las personas esclavizadas. Al respecto, el Ministerio de los Territorios de Ultramar indicó que el informe también revisará cómo se aborda la historia de la esclavitud y su abolición dentro de los programas de educación escolar.
Durante la discusión de la ley, algunos parlamentarios, como la diputada Émeline K/Bidi, plantearon interrogantes sobre el alcance práctico de la medida si esta no incorpora un sistema de reparaciones económicas o sociales. Frente a estos cuestionamientos, los legisladores promotores del proyecto precisaron que la derogación constituye un avance institucional necesario, pero que el debate sobre eventuales indemnizaciones a los descendientes es un asunto complejo que requiere un análisis normativo independiente.
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