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Nacional

Tribunal de Apelación ratifica elevación a juicio oral contra exgobernador Hugo Javier por desvío de G. 18.300 millones

La Sala Especializada en Delitos Económicos rechazó los recursos de apelación de la defensa. El juzgamiento está previsto para 2027, tras confirmarse los cargos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

Por Redacción·02 de junio de 2026
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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, confirmó la decisión de elevación a juicio oral en la causa contra el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre y el exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez, acusados del presunto desvío de más de G. 18.300 millones de fondos de la Gobernación.

Los camaristas Arnulfo Arias, Camilo Torres y Paublino Escobar rechazaron la apelación presentada por la defensa de Hugo Javier González contra el Auto Interlocutorio N° 349 del 12 de setiembre de 2024, dictado por el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos. Asimismo, declararon inadmisible el recurso del exdirector Rojas Giménez contra la remisión de la causa a la etapa de juicio oral y público.

La acusación fiscal imputó a ambos procesados los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación. El tribunal de garantías anterior evaluó la evidencia y determinó que existían elementos suficientes para someter a los acusados a juzgamiento ante un tribunal de sentencia.

La ratificación del tribunal de apelación representa un avance significativo en la persecución de delitos de corrupción administrativa que involucran desviaciones de caudales públicos. Con esta decisión, se espera que el juicio oral se desarrolle durante 2027, etapa en la cual se presentará la prueba de ambas partes y se determinará la responsabilidad penal de los imputados.

Esta resolución refleja la consolidación del sistema penal acusatorio en el tratamiento de delitos económicos, permitiendo que la investigación fiscal avance hacia la fase de juzgamiento tras cumplirse los requisitos legales de admisibilidad y fundamento establecidos en el Código Procesal Penal.

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