Fiscalía imputa por estafa y producción de documentos no auténticos en caso de títulos falsos para brasileños

La Fiscalía presentó la primera imputación en el marco de la investigación de un presunto esquema de expedición irregular de títulos de maestría y doctorado, destinados principalmente a estudiantes brasileños. El fiscal Aldo Cantero procesó a un ciudadano brasileño, Ismael Fenner, por los supuestos hechos punibles de producción de documento no auténtico y estafa.

La decisión judicial se produjo a partir de un allanamiento practicado en el marco de la causa, que se inició tras una denuncia formal presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Según los antecedentes de la investigación, el imputado habría integrado una estructura que ofrecía programas de posgrado sin la habilitación ni el reconocimiento oficial exigidos por el sistema educativo paraguayo. Pese a esta irregularidad, los cursos eran promocionados como válidos para generar efectos académicos y profesionales en Brasil.

La pesquisa también apunta a que el grupo utilizaba sin autorización el nombre y la imagen de instituciones de educación superior legalmente constituidas, entre ellas el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), con el objetivo de dar credibilidad a la oferta educativa.

De acuerdo con la imputación, la organización captaba a ciudadanos brasileños interesados en cursar maestrías y doctorados. Las víctimas realizaban pagos por matrículas, inscripciones y aranceles convencidos de que los programas contaban con respaldo oficial.

Otro de los puntos centrales de la investigación es la presunta elaboración y circulación de documentos que simulaban autenticidad. Entre las evidencias analizadas figuran resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias académicas, programas de estudio y legalizaciones con indicios de haber sido falsificados o emitidos sin respaldo legal.

El Código Penal paraguayo, en su artículo 246, sanciona la producción de documentos no auténticos con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Por su parte, el artículo 157 tipifica la estafa, castigando en su forma básica al que, mediante engaño, indujera a otro a un acto de disposición patrimonial que le cause perjuicio, con una pena que puede ir de seis meses a cinco años de prisión. Ambas figuras penales son la base de la imputación presentada por el fiscal Cantero.

Con esta primera acción penal, el Ministerio Público da inicio formal a la persecución del caso y continúa las diligencias para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance total del presunto esquema de fraude académico.