Corte Suprema supervisa condiciones de reclusión en penitenciaría de Concepción por alerta del Mecanismo Nacional contra la Tortura

En respuesta a un informe remitido por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó una supervisión inmediata en el pabellón F de la Penitenciaría Regional de Concepción. La medida busca verificar las condiciones de reclusión y relevar información que permita adoptar las disposiciones pertinentes, dentro de las competencias institucionales del Poder Judicial.

La visita fue realizada por el equipo técnico penal de la Coordinación de Supervisión de Justicia Penitenciaria, encabezado por la doctora Lilian Luraschi. Durante la jornada, se desarrollaron entrevistas con las personas privadas de libertad (PPL) alojadas en ese sector, donde actualmente conviven 233 internos, entre procesados y condenados.

Como parte del procedimiento de control, los funcionarios verificaron las condiciones de infraestructura del pabellón, la situación de sobrepoblación, el acceso a la alimentación, a los servicios de salud y a la educación, así como el estado procesal de cada persona. También se relevaron los aspectos concretos señalados en el informe del Mecanismo Nacional, particularmente aquellos vinculados con el trato que recibe la población penitenciaria.

Toda la información recabada será analizada por las instancias competentes de la Corte Suprema de Justicia para impulsar las actuaciones que correspondan dentro del ámbito de sus atribuciones. La institución subrayó que estas acciones se realizan "con el propósito de contribuir a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, promover el acceso efectivo a la justicia y fortalecer los mecanismos de control y supervisión del sistema de justicia penitenciaria", en estricta observancia de la Constitución Nacional y las normas vigentes.

La Coordinación de Supervisión de Justicia Penitenciaria lleva a cabo este tipo de intervenciones de manera permanente, con el objetivo de articular respuestas institucionales frente a situaciones que puedan afectar la integridad de quienes se encuentran bajo custodia del Estado.