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Nacional

Tribunal de Apelación confirma reapertura de causa contra el intendente de Ñemby Tomás Olmedo

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó el planteo dilatorio de los procesados y ratificó la resolución que ordenó continuar el proceso por presunta lesión de confianza y estafa en perjuicio de G. 700 millones.

Por Redacción·01 de junio de 2026
Detective reviewing crime scene photos and fingerprints indoors.
Imagen referencial

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la resolución del juez de garantías Rodrigo Estigarribia que ordenó la reapertura de la causa seguida contra el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), y otros cinco procesados por presuntos delitos de lesión de confianza y estafa.

La investigación, que lleva adelante la agente fiscal Jessica M. Verocay, sostiene que Olmedo y otros funcionarios de la Municipalidad de Ñemby habrían habilitado el pago por obras que ya habían sido ejecutadas y abonadas en períodos anteriores, generando un perjuicio patrimonial estimado en G. 700 millones.

Los procesados —identificados como Tomás Olmedo, Marcos Isaías Meza, Arnaldo Gauna Martínez, Enrique Hugo Delvalle y Flavio Javier Duarte— habían apelado la resolución del juez de garantías argumentando como agravio que la reapertura de la causa afectaba el sobreseimiento provisional del que gozaban. Adicionalmente, solicitaron la extinción de la acción penal, recurso que el tribunal consideró interpuesto con carácter meramente dilatorio.

Al confirmar la decisión de primera instancia, el Tribunal de Apelación rechazó la denominada "chicana" procesal planteada por la defensa, despejando el camino para que la causa avance en su etapa intermedia. Como consecuencia del fallo, el juez de garantías Rodrigo Estigarribia deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar de los procesados.

El caso pone de relieve el uso de mecanismos procesales para postergar la celebración de audiencias en causas de corrupción municipal, práctica que los tribunales especializados en delitos económicos han venido rechazando de manera sostenida cuando se verifica el carácter obstruccionista de los planteos.

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