Sociedad civil presenta segunda acción de inconstitucionalidad contra Ley N.º 7.363

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en representación de organizaciones de la sociedad civil, presentó una segunda acción de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 7.363, que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. La presentación fue realizada ante la Corte Suprema de Justicia el pasado miércoles en el Palacio de Justicia.

En esta ocasión, cinco nuevas organizaciones —Sobrevivencia, Decidamos, la Federación Nacional Campesina, la Red Paraguaya de Artistas LGBTQ+ (REPAR+) y el Centro de Documentación y Estudios— se sumaron a las 33 que habían impulsado la primera presentación. Las demandantes sostienen que la normativa vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y restringe el ejercicio de las libertades cívicas.

En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones argumentaron que ya perciben los efectos concretos de la ley debido a nuevas exigencias administrativas. Según señalaron, la normativa vulnera derechos como la libertad de asociación, la participación política, la intimidad y la protección de datos personales. Aproximadamente 50 organizaciones de la sociedad civil impulsan acciones ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la suspensión de los efectos de la ley como medida cautelar y posteriormente un pronunciamiento sobre el fondo.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a las atribuciones otorgadas al Ministerio de Economía y Finanzas para el control de información y recursos administrados por entidades privadas. Las organizaciones sostienen que existe ya una institución constitucionalmente creada —la Contraloría General de la República— con facultades para verificar fondos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil, lo que torna innecesario y discriminatorio este nuevo control.

Asimismo, las demandantes cuestionan que la ley incorpora una sobrecarga administrativa mediante nuevos registros, informes y requisitos que afectan el desarrollo normal del trabajo. Señalaron que las organizaciones ya cumplen con controles establecidos por el Estado, incluyendo reportes semestrales a la Seprelad sobre control de lavado de dinero, y que la nueva normativa vuelve a solicitar información previamente entregada.

Las organizaciones también alertaron sobre el potencial impacto negativo en iniciativas sociales, educativas, culturales, ambientales y de desarrollo comunitario, particularmente en pequeñas organizaciones cuyo funcionamiento podría verse afectado por los nuevos requisitos. Sostienen que la ley contraviene principios constitucionales como la libertad de expresión y las obligaciones internacionales asumidas por Paraguay.