Senadora cuestiona efectividad de la investigación contra el exdirector del IPS ante posible blindaje político

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal y conformó un equipo especial de Delitos Económicos para indagar al extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Britez, y al exgerente de logística, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz. Ambos son investigados por presunta lesión de confianza y malversación en el marco de irregularidades detectadas en cinco procesos de licitación desarrollados durante la gestión de Britez al frente del organismo.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz ante el Ministerio Público. Según los denunciantes, las irregularidades identificadas habrían generado un perjuicio patrimonial que superaría los G. 391.000 millones.

Sin embargo, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Patria Querida (PPC), expresó escepticismo ante el alcance real de la acción fiscal. A criterio de la legisladora, la apertura de una investigación no constituye por sí sola garantía de justicia efectiva ni de recuperación de los bienes públicos presuntamente afectados, toda vez que —a su entender— en numerosos casos referentes a funcionarios vinculados al partido de gobierno, el oficialismo habría operado para blindar a sus aliados frente a consecuencias penales.

"Todo lo que hoy el presidente actual, el doctor Ricardo Fretes está diciendo, lo venimos diciendo de hace mucho. ¿Cuántas veces ustedes me escucharon hablar de que las privatizaciones y las tercerizaciones se hacen a expensas de lo que tiene el Ministerio como patrimonio…?"

La senadora también hizo referencia a situaciones previas en el sector salud, como el caso del angiógrafo que habría permanecido un año sin contrato de mantenimiento, como ejemplo de irregularidades sistémicas denunciadas en el pasado sin respuesta institucional satisfactoria.

La causa coloca nuevamente bajo la lupa la gestión del IPS y plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema penal paraguayo para procesar casos de corrupción en los que los imputados mantienen vínculos con el poder político vigente. La actuación del Ministerio Público será seguida de cerca por legisladores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.