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Reprograman para fines de julio el juicio oral contra Wilfrido Cáceres y su esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La jueza Elsa García, del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, fijó una nueva fecha para el inicio del debate luego de que la defensa presentara un recurso de reposición que paralizó el proceso.

El juicio oral y público contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores y su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, acusados por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue reprogramado para fines de julio del corriente año. La decisión fue adoptada por la jueza Elsa García, titular del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
La causa también involucra a Camila Monserrat Ramírez Gómez —secretaria de Da Silva Almirón y estudiante de odontología— y a su madre, Elvira viuda de Ramírez Gómez, quienes según los datos de la investigación habrían actuado como testaferros de Cáceres. Ambas enfrentan los mismos cargos que el imputado principal y su esposa.
La acusación fue formulada por los agentes fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, quienes llevan adelante la investigación en el marco del proceso.
El inicio del debate oral había sido calendarizado originalmente para el 7 de abril, a las 8:00 horas. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de reposición contra la providencia del 10 de marzo, mediante el cual se había fijado la fecha del juzgamiento. El argumento central de la defensa fue la existencia de recursos de apelación pendientes de resolución contra la elevación de la causa a juicio.
Ante esa situación, la jueza García solicitó informes a la Cámara de Apelaciones para verificar el estado de dichos recursos, lo que determinó la postergación del debate. Una vez obtenida la información requerida, el tribunal procedió a fijar la nueva fecha para fines del mes de julio.
El caso Cáceres forma parte de las investigaciones del Ministerio Público en materia de delitos económicos y patrimoniales, en las que se analiza presunto incremento patrimonial injustificado y operaciones sospechosas de lavado de activos.
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