Proyecto de ley busca sancionar a establecimientos por no garantizar atención preferencial

La Cámara de Diputados incluyó como segundo punto del orden del día un proyecto de ley que establece la atención preferencial y prioritaria en lugares públicos y privados de acceso público, dirigida a mujeres embarazadas, personas acompañadas de niños o niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.

El proyecto, presentado por diputados opositores, propone establecer sanciones concretas ante el incumplimiento de estas obligaciones. Para establecimientos comerciales, bancarios, financieros, sanitarios, supermercados, farmacias y de servicios del sector privado que brinden atención al público, se deberán definir mecanismos de acceso prioritario que reduzcan el tiempo de espera, así como designar y señalizar "cajas preferenciales" específicamente para estos beneficiarios.

En el caso de la Función Pública, el incumplimiento de estas medidas se tipificaría como "falta grave", lo que constituiría causal de despido. Para el sector privado, se establecerían multas como mecanismo disuasivo, aunque el proyecto no detalla los montos ni la estructura de sanciones.

Aunque las medidas de atención preferencial ya se aplican voluntariamente en varios establecimientos del país, la iniciativa busca convertir estas prácticas en obligaciones legales con consecuencias jurídicas definidas. En lo que refiere al transporte público y privado —terrestre, fluvial y aéreo—, el proyecto también plantea la implementación de mecanismos similares de acceso prioritario, aunque los detalles específicos no fueron completamente detallados en el orden del día.

La norma responde a una demanda histórica de garantizar el acceso efectivo a servicios públicos y privados para grupos vulnerables. Su sanción modificaría sustancialmente el régimen actual, trasladando la responsabilidad del cumplimiento desde la voluntariedad institucional hacia una estructura sancionatoria que involucra tanto al Poder Ejecutivo como a los operadores privados.