Proyecto de emergencia vial genera controversia por falta de debate y amplios poderes a Agencia de Tránsito

Los diputados Hugo Meza y Miguel Del Puerto presentaron un proyecto de ley destinado a declarar Estado de Emergencia Nacional de Seguridad Vial por un período de un año. La iniciativa fue aprobada el 12 de mayo en la Cámara de Diputados sobre tablas, sin debate ni tratamiento previo en las comisiones correspondientes, y posteriormente ingresó en el orden del día de la Cámara de Senadores.

La celeridad con que el cartismo impulsa la aprobación del proyecto ha generado cuestionamientos. El artículo segundo de la normativa otorga facultades excepcionales a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, encabezada por Félix Jiménez, quien forma parte del equipo político del senador Basilio "Bachi" Núñez, titular del Congreso Nacional, en un contexto electoral.

Este artículo establece que "la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativas", sin especificar cuáles serían dichas medidas. La falta de precisión en el alcance de estas facultades ha despertado críticas en la bancada opositora.

El senador José Oviedo, del Partido Yo Creo, criticó la escueta redacción de la ley, señalando que la iniciativa sorprendió a los legisladores sin haber sido estudiada en comisiones ni debatida públicamente. Oviedo cuestionó tanto el contenido normativo como el procedimiento expeditivo empleado para su aprobación.

La iniciativa ha generado especulaciones sobre su verdadero propósito. Según informó el senador que cuestionó el proyecto, la normativa podría buscar el retorno de las fotomultas, un sistema de control de tránsito que fue objeto de controversia en administraciones anteriores.

El debate legislativo pone de relieve las tensiones entre la necesidad de seguridad vial y el respeto por los procedimientos democráticos de discusión normativa. La concentración de poderes administrativos sin límites explícitos plantea interrogantes sobre la efectiva tutela de derechos y el control parlamentario sobre las decisiones ejecutivas.