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Ministerio Público — Narcotráfico
Ministerio Público obtiene prórroga de dos meses para cerrar investigación contra presunto narcopiloto
El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico tendrá hasta el 5 de septiembre para presentar el requerimiento conclusivo en la causa que incluye imputaciones por tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación criminal.

Un juez penal de garantías especializado en crimen organizado otorgó al Ministerio Público una ampliación de dos meses para completar la investigación en la causa caratulada "Ulisses Cardoso y otros s/ lavado de dinero y otros", mediante el Auto Interlocutorio N° 196. La nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo se fijó para el 5 de septiembre de 2026.
El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado había solicitado la prórroga ordinaria en atención a la complejidad de la investigación y las diligencias pendientes, incluyendo la extracción de datos de dispositivos celulares incautados. La imputación inicial se presentó el 5 de marzo de 2026, cuando se otorgó un plazo inicial de cuatro meses para la pesquisa.
El procesado enfrenta imputaciones por tráfico internacional de sustancias estupefacientes, tenencia de inmueble para depósito y acopio de drogas, lavado de activos provenientes del narcotráfico conforme a la Ley N° 1340/88, y asociación criminal conforme al Código Penal. Según el acta de captura, fue aprehendido cuando conducía una camioneta y portaba G. 25.000.000 y US$ 1.743 en efectivo, además de tres celulares.
El imputado forma parte de una estructura dedicada al tráfico de drogas liderada por un brasileño prófugo que operaba mediante una empresa que ofrecía servicios de transporte aéreo para narcotraficantes. En 2014, autoridades incautaron 530 kilos de cocaína en una pista clandestina en el departamento de Amambay, droga transportada en una aeronave cuya matrícula posteriormente fue vinculada con el procesado.
La investigación se inserta en un conjunto de operaciones que entre 2014 y 2015 permitieron identificar una red internacional de narcotráfico que utilizaba aeronaves para el transporte de drogas y blanqueaba dinero ilícito mediante la compra de naves. Otros integrantes de la estructura fueron condenados en 2022 por el Tribunal de Sentencia, quien aplicó penas que oscilaron entre dos años con suspensión y diez años de prisión por tráfico, comercialización de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.
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