Ministerio Público genera controversia al delegar investigación de campaña desinformativa a la Contraloría

El Ministerio Público enfrentó una arremetida de críticas tras solicitar el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR) para analizar la denuncia penal sobre una presunta campaña de desinformación. La decisión, comunicada el 29 de mayo, generó una reacción inmediata de la diputada Rocío Vallejo (PPQ), una de las impulsoras de la denuncia original.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, defendió la medida argumentando que no se trata de una delegación de competencias, sino de un recurso a organismos colaboradores ante la falta de recursos técnicos y humanos en la institución. Sin embargo, Vallejo cuestionó esta fundamentación, calificando la acción como una evasión de responsabilidades.

"Él está delegando su facultad de investigación a otra institución por su ineficiencia y su inutilidad", manifestó la legisladora, quien añadió que la insuficiencia de recursos en la Fiscalía no puede ser justificación válida para no iniciar investigaciones penales propias.

La controversia toca un punto sensible sobre la arquitectura institucional de persecución penal. Según la Constitución Nacional, el Ministerio Público es titular de la acción penal y responsable de investigar delitos. Recurrir a otros organismos para funciones que le son constitucionales genera interrogantes sobre la efectividad del sistema y la independencia funcional de la institución.

Vallejó insistió en que la falta de recursos es una realidad histórica de la Fiscalía, pero que esto no justifica la delegación de investigaciones en materia penal a un órgano de control administrativo cuya especialidad radica en la fiscalización presupuestaria y la probidad de la administración pública, no en investigación criminal.

La diputada de la coalición Podemos Ciudadanos criticó también lo que ve como un despropósito institucional: encargar a la Contraloría una investigación que debería ser patrimonio exclusivo del Ministerio Público. Esta tensión refleja preocupaciones más amplias sobre la capacidad operativa de los órganos persecutorios y la solidez del sistema de justicia penal paraguayo frente a delitos complejos como la desinformación organizada.