Ley MAFE: a un año de la muerte de María Fernanda Benítez, el sistema de alertas por desaparición registra más de mil denuncias en 2026

A un año del hallazgo del cuerpo de María Fernanda Benítez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y fue encontrada calcinada en Coronel Oviedo, el país evalúa los primeros avances concretos de la normativa que lleva su nombre.

La Ley N° 7605/25, denominada "MAFE", fue promulgada a finales de 2025 y estableció un mecanismo de alerta masiva para casos de personas desaparecidas, similar al sistema Amber vigente en los Estados Unidos. Su sanción fue impulsada, en parte, por las críticas de referentes sociales que señalaron que el sistema de protección falló en activar las alarmas tempranas durante la búsqueda de la joven.

Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped), dependiente del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, revelan el impacto operativo de la norma. El oficial Ramón Vera, jefe de dicha dependencia, informó que solo en el transcurso de 2026 se recepcionaron 1.039 denuncias de desaparición. De ese total, 772 personas ya fueron localizadas, mientras que 248 continúan siendo buscadas activamente.

Las cifras pusieron en evidencia una realidad que, según los especialistas, había permanecido en gran medida invisibilizada antes de la entrada en vigencia de la ley: la magnitud real de las desapariciones en el país y la necesidad de contar con un registro centralizado y protocolos de respuesta temprana.

El caso de María Fernanda Benítez se convirtió en símbolo de las deudas históricas del sistema de protección paraguayo, especialmente en lo relativo a la atención oportuna de situaciones de riesgo que involucran a menores de edad y mujeres embarazadas. La promulgación de la Ley N° 7605/25 representó una respuesta legislativa directa a esas falencias.

No obstante, la causa penal vinculada al crimen de la adolescente enfrenta obstáculos procesales: el principal sospechoso podría quedar en libertad ante la ausencia de fecha de juicio oral fijada, lo que mantiene latente la tensión entre el avance normativo y las demoras en la respuesta jurisdiccional.