Nacional
Jueza ordena prisión preventiva para tres ciudadanos estadounidenses acusados de tráfico de hachís
La jueza Rosarito Montanía, especializada en Crimen Organizado, decretó la medida cautelar tras audiencia en el Palacio de Justicia. Dos imputados cumplirán reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos; una tercera en el penal de Emboscada.

La Jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de tres ciudadanos estadounidenses imputados por los delitos de tráfico internacional de sustancias estupefacientes y tenencia de hachís.
La resolución se dictó en el marco de una audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia de Asunción. Los imputados Troy Anthony Vásquez y David Thomas Wise guardarán prisión en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido popularmente como ex cárcel de Tacumbú. Marisol Rivas, por su parte, cumplirá la medida en el centro penitenciario femenino de Emboscada.
La Agente Fiscal Ingrid Cubilla, titular de la Unidad N.° 6 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado del Ministerio Público, había solicitado la prisión preventiva de los tres imputados al momento de presentar formalmente los cargos. La medida fue acogida por la magistrada durante la audiencia de garantías, etapa procesal en la cual el tribunal evalúa la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la acusación.
Esta decisión refleja la persistencia del tráfico de drogas como delito grave en Paraguay, particularmente en lo que respecta a operaciones internacionales que involucran a ciudadanos extranjeros. La especialización de la jueza en crimen organizado y la intervención de una unidad fiscal dedicada específicamente al narcotráfico subrayan la relevancia institucional del caso.
La prisión preventiva constituye una medida excepcional destinada a asegurar la comparecencia de los imputados al proceso y evitar la obstrucción de la justicia. Su imposición requiere que existan elementos que acrediten la comisión de un delito y que se cumplan los presupuestos legales establecidos en el Código Procesal Penal.
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