Juez mantiene arresto domiciliario y tobillera electrónica a candidata procesada por enriquecimiento ilícito

El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos rechazó el pedido de revisión de medidas cautelares presentado por la defensa técnica de la imputada, quien solicitaba el levantamiento del arresto domiciliario y la obligación del uso de tobillera electrónica. El tribunal ratificó la vigencia de ambas medidas conforme al Auto Interlocutorio N.º 184 del 1 de julio de 2026.

La defensa argumentó que la procesada se encuentra en estado de salud delicado por padecer diabetes y que requiere reintegrase a su lugar de trabajo para atender a un hijo menor de edad. Sin embargo, la resolución judicial determinó que "la solicitud para volver a su puesto laboral resulta incompatible y contraria a la naturaleza jurídica inherente al arresto domiciliario".

El Ministerio Público se opuso al pedido, sosteniendo que las medidas impuestas no han variado y que el estado de salud certificado de la acusada no impide que pueda ser tratada desde su domicilio o mediante visitas médicas. La decisión del tribunal ratificó los presupuestos del peligro de obstrucción establecidos en el artículo 244 del Código Procesal Penal.

La imputada se encuentra formalmente procesada por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y asociación criminal en la causa penal N.º 161/2018. La pesquisa fiscal indaga un presunto perjuicio patrimonial de 1.100 millones de guaraníes en detrimento de la Municipalidad de Quyquyhó, correspondiente al período 2010-2015.

En la misma causa también se encuentran procesados otros 14 imputados, entre ellos un parlamentario de la bancada oficialista, familiares directos del mismo y la exintendenta del distrito.