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Jorge Bogarín, declarado "significativamente corrupto" por EE.UU., hace campaña desde la estructura judicial para volver al Consejo de la Magistratura
El abogado, que integró el Consejo de la Magistratura entre 2020 y 2023 y fue señalado por el gobierno estadounidense en 2023, busca retornar al organismo y despliega un lobby político valiéndose de actos institucionales del Poder Judicial.

Jorge Bogarín Alfonso, abogado que integró el Consejo de la Magistratura (CM) en representación del sector de los abogados durante el período 2020-2023, lleva adelante una campaña para retornar a ese órgano sirviéndose de la estructura institucional del Poder Judicial, según surge de sus propias publicaciones en redes sociales.
Bogarín fue designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como "significativamente corrupto" en 2023, calificación que se enmarca en el mecanismo previsto por la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, aplicable a funcionarios públicos y privados de países extranjeros.
La candidatura del abogado para reintegrarse al CM fue lanzada formalmente en marzo del corriente año. Desde entonces, y con anterioridad al lanzamiento, Bogarín ha desplegado una intensa actividad de lobby político en eventos institucionales: apertura de cursos, inicio de exámenes y otras actividades organizadas por la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, escenarios que le permitieron proyectar una imagen de proximidad con el ámbito judicial.
A lo anterior se suma una serie de visitas a sedes judiciales en distintos departamentos del país, acompañado de autoridades del ámbito jurídico. La más reciente de estas apariciones públicas tuvo lugar en las instalaciones del Poder Judicial del departamento de Guairá, donde Bogarín se reunió con la presidenta de la Circunscripción Judicial de ese departamento, Elsa Escobar de Keudell. La visita quedó registrada y difundida a través de redes sociales.
El Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de proponer ternas de candidatos para la designación de magistrados, fiscales y defensores públicos, y su integración tiene directa incidencia en la conformación del sistema de justicia. La participación en él de personas con antecedentes como los que pesan sobre Bogarín genera interrogantes sobre los mecanismos de control y elegibilidad vigentes para acceder al organismo.
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