Investigación fiscal por títulos falsos alcanza a funcionarios de IPS, Salud y la Corte Suprema

La Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Ciencias remitió al Ministerio Público, el 19 de junio, más de 300 legajos bajo sospecha de falsificación de títulos universitarios. A partir de esa denuncia, la investigación fiscal ha identificado que entre los imputados aparecen funcionarios de instituciones clave del Estado, incluidos profesionales de la salud con acceso directo a pacientes.

La pesquisa inicial enfocada en docentes se extendió a otras áreas. El ministro de Educación declaró que posteriormente se detectó que ingenieros, médicos y abogados fueron "beneficiados como parte de este enorme esquema delictivo". El titular del portafolio educativo precisó que la situación "es grande, es profunda y afecta a todas las áreas del saber".

Entre los investigados figuran al menos diez funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) en distintos niveles: auxiliares de apoyo en salud que participan en la asistencia médica y gestión de pacientes en consultorios, así como supervisores profesionales del área de salud con rango de jefatura y salarios superiores a siete millones de guaraníes. Estos cargos conllevan la responsabilidad de garantizar la seguridad de los pacientes y coordinar a funcionarios de rango menor.

En el Ministerio de Salud Pública se identificó al menos a tres investigados que figuran registrados como médicos y licenciados en Enfermería, con sueldos de hasta cuatro millones de guaraníes. Además se hallaron asistentes administrativos en dependencias de salud pública.

La Corte Suprema de Justicia también aparece en la carpeta fiscal. Los empleados de ese tribunal investigados cuentan con rubros de auxiliar administrativo.

Respecto de abogados, la Fiscalía avanza en casos de profesionales del derecho con títulos presuntamente falsos de universidades como la Sudamericana. Entre ellos figuran políticos con documentos de grado investigados.

La investigación se encuentra en fase preliminar. El Ministerio Público continúa el análisis de decenas de casos de profesionales de la salud en diversas disciplinas (ciencias médicas, bioquímica, licenciatura en enfermería, radiología) que no figuran como funcionarios públicos pero aparecen en la lista de indagación.