Nacional
Ministerio Público — Narcotráfico
Fiscalía presentará evidencia de celulares incautados a narcotraficante brasileño en juicio contra Giuzzio
El exministro del Interior enfrenta acusación por supuesto cohecho pasivo agravado. La Fiscalía busca fortalecer su hipótesis sobre vínculos entre el funcionario y empresarios brasileños vinculados al tráfico de drogas.

El juicio oral al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio ingresa en una fase determinante con la presentación de prueba digital por parte del Ministerio Público. La Fiscalía expondrá el contenido extraído de teléfonos celulares incautados al narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, condenado en Brasil a 37 años de prisión por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y asociación criminal.
Los dispositivos, inicialmente encriptados, fueron desincriptados a solicitud de la justicia paraguaya en el marco de la investigación por supuesto cohecho pasivo agravado que enfrenta Giuzzio. La acusación fiscal argumenta que la información contenida en estos aparatos podría revelar una red de relaciones entre el exfuncionario y el empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, señalado por autoridades del vecino país por presuntos nexos con estructuras dedicadas al narcotráfico y lavado de activos.
Según la hipótesis del Ministerio Público, tanto Vinicius como Reges Furtado mantenían operaciones comerciales en Paraguay, lo que constituiría evidencia de una red de vínculos financieros y comerciales potencialmente relacionados con actividades ilícitas. El contenido de los teléfonos se considera crucial para establecer si Giuzzio, en su condición de ministro de Estado, facilitó u omitió acciones que permitieran estas operaciones a cambio de beneficios económicos.
La estrategia fiscal se centra en demostrar, a través de los registros de comunicación e información contenidos en los dispositivos, la existencia de contactos frecuentes y transacciones comerciales que vincularían al exsecretario de Estado con estructuras criminales internacionales. La defensa podrá cuestionar la cadena de custodia de la prueba, la legalidad del desencriptamiento y la relevancia de los datos respecto de las acusaciones específicas contra Giuzzio.
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