Fiscal anticorrupción pide 2 años y 6 meses de cárcel para ex titular de Seprelad

El fiscal anticorrupción Francisco Cabrera solicitó la condena a dos años y seis meses de cárcel para el ex secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), tras alegar que en el juicio quedó acreditado el delito de frustración de la persecución penal a favor de un ciudadano brasileño vinculado a lavado de activos.

Según los alegatos finales del agente, el Ministerio Público demostró que el acusado retardó un informe de inteligencia financiera entre el 28 de junio de 2017 y el 16 de abril de 2018, postergando injustificadamente por diez meses el inicio de un proceso penal. El fiscal sostuvo que "ha quedado probado que desde la Seprelad, en su carácter de ministro-secretario ejecutivo de la institución, conjuntamente con otras funcionarias, demoraron injustificadamente la remisión al Ministerio Público del Informe de Inteligencia Financiera, pese a que el mismo se hallaba concluido desde junio de 2017".

El agente fiscal enfatizó que el acusado no se limitó a un simple retardo, sino que desplegó conductas orientadas a ocultar y justificar falsamente esa demora. Esta dilación impidió el inicio oportuno de la investigación penal y puso en riesgo el secuestro y comiso de bienes de origen ilícito que se encontraban en territorio paraguayo.

Cabrera también señaló que del informe finalmente remitido a la Fiscalía se suprimió un párrafo que vinculaba a los reportados como personas cercanas al entonces Presidente de la República, así como la recomendación de dar intervención a la Secretaría de Estado de Tributación. El fiscal destacó que una testigo declaró haber recibido instrucciones del acusado para estas omisiones.

La acusación se sustenta en documentación remitida por la República Federativa del Brasil, que acreditó en el juicio oral que el ciudadano brasileño lideraba una red dedicada al cambio paralelo de divisas y lavado de dinero, por la cual fue condenado a trece años y cuatro meses de reclusión en su país. El acusado invirtió recursos de origen ilícito en Paraguay por intermedio de empresas constituidas localmente.

El Tribunal de Sentencia programó la continuidad del juicio para el jueves 16 de julio, cuando se escucharán los alegatos conclusivos de la defensa.