Defensa interpone acción de inconstitucionalidad ante Sala Constitucional para frenar condena de diez años

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la defensa de un condenado a diez años de cárcel por lesión de confianza, tras la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación que había presentado la defensa ante la Sala Penal.

Según el relato de los abogados defensores, la Sala Penal rechazó el recurso por inadmisibilidad formal "sin pronunciarse sobre el fondo del asunto". La defensa sostiene que esta decisión obstruyó el examen de argumentos sustantivos que, a su juicio, demuestran la inocencia del condenado.

El fundamento central de la acción de inconstitucionalidad se ancla en una contradicción procesal que la defensa atribuye al Ministerio Público: según argumenta, fue la propia Fiscalía —mediante una pericia de un técnico de su contratación— la que probó la inexistencia del delito. Los abogados defensores afirman que cuatro instituciones estatales (Contraloría General de la República, Ministerio de Economía, Poder Ejecutivo y Fiscalía) concluyeron que las obras materia de autos existían físicamente y que el costo pagado correspondía exactamente al valor de esas obras.

La defensa sostiene que para configurarse el delito de lesión de confianza es obligatorio demostrar que faltó dinero en las arcas públicas. Según esta línea argumentativa, si el presupuesto fue gastado efectivamente en obras que existieron, no habría habido sustracción de fondos públicos. Los abogados cuestionan que el Ministerio Público presente un relato contradictorio: reconoce que el dinero "se gastó bien", pero sostiene que fue pagado con fondos distintos cuya existencia niega.

La defensa enfatiza que confía en la jurisprudencia de la Sala Constitucional para resolver el recurso. Si la Sala Constitucional acoge la acción de inconstitucionalidad, la sentencia condenatoria sería anulada tanto para el imputado como para los demás involucrados en la causa, lo que obligaría a la conformación de un tribunal completamente nuevo y a la realización de un nuevo juicio oral.