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Nacional

Corte Suprema de Justicia — Investidura parlamentaria

Corte Suprema rechaza acción de Kattya González contra su expulsión del Senado

La Sala Constitucional desestimó el cuestionamiento de la exsenadora a la decisión del Senado de retirarle la investidura en febrero de 2024, confirmando que las sanciones del Congreso no son revisables ante el Poder Judicial.

Por Redacción·09 de junio de 2026
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La Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González contra la decisión del Senado de retirarle su investidura como legisladora. El retiro de investidura fue efectuado en febrero de 2024 por la cámara alta.

En respuesta al fallo, el senador Natalicio Chase respaldó la decisión judicial señalando que el análisis de la Corte se sustenta en tres fundamentos principales. El primero refiere a la no justiciabilidad de las sanciones disciplinarias del Congreso: "las decisiones de sanciones del Congreso no pueden llevarse a otro Poder a hacer análisis, de lo contrario no tendrían la independencia que dicen tener los Poderes", expresó Chase.

En segundo lugar, Chase se refirió al análisis reglamentario, indicando que aunque el reglamento estuviera vigente, "el reglamento era anticonstitucional, entonces no puede tener validez, porque ningún reglamento ni ley puede estar en contra de la Constitución".

El tercer punto abordado por la Corte, según Chase, concerniente a la indefensión alegada por González. El legislador sostuvo que la exsenadora "estaba presente y sí fue notificada. No se presentó por decisión propia a defenderse, a pedir prórroga o a hacer algún pedido dentro del pleno". Chase recordó que González estuvo en huelga de hambre durante el proceso.

Chase concluyó que "el dictamen de la Corte es correcto y justo" y reafirmó que fue "una decisión correcta tomada por el senado" que no puede ser reclamada ante el Poder Judicial. Asimismo, defendió la independencia de la Corte Suprema frente a cuestionamientos sobre posible injerencia política, señalando que "es responsabilidad de cada uno de los miembros de la Corte que reciba o no una injerencia política".

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