Corte ordena reasignar causa penal a Tribunal de Apelaciones para revisar prescripción

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la reasignación inmediata del expediente judicial del senador Rafael Filizzola al Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, para que los camaristas naturales de esa instancia resuelvan si revocan la prescripción otorgada en un Juzgado Penal de Garantías.

Filizzola se encuentra investigado por lesión de confianza en relación con la sobrefacturación en la remodelación de comisarías. El tribunal determinó que los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres deberán entender en el proceso penal, donde tendrán que definir el destino de la prescripción concedida en primera instancia.

Al analizar el caso, la Corte concluyó que no existía una "contienda de competencia" real entre los magistrados involucrados, dado que ninguno se declaró formalmente incompetente para entender en el proceso. Por ello, los altos magistrados consideraron necesario reencausar el proceso y ordenaron su devolución a la instancia correspondiente para la reasignación de sus integrantes naturales.

En mayo de 2025, el imputado fue beneficiado por la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como "Comisarías de oro", donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo. Esta resolución fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar pruebas en un juicio oral.

Según la acusación fiscal, el 15 de octubre de 2010, entonces como ministro del Interior, el imputado aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin análisis técnico alguno. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por aproximadamente G. 1.200 millones, sin póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas.

Asimismo, la jueza Penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del imputado respecto de una acusación por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.