Nacional
Tribunal de Apelación — Responsabilidad civil del Estado
Corte de Apelación ratifica condena millonaria contra el Estado por muerte de futbolista
El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó la condena al Estado paraguayo a indemnizar con guaraníes 900 millones más intereses acumulados por la muerte de un adolescente en accidente de tránsito causado por un bache en ruta de acceso a Asunción.

El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó la responsabilidad del Estado paraguayo en la muerte de un futbolista adolescente ocurrida en octubre de 2019 en la ruta Acceso Sur, a causa del deficiente mantenimiento de la vía pública.
La sentencia de segunda instancia condena al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al pago de guaraníes 900 millones en concepto de indemnización, más los intereses acumulados que rondarían los guaraníes 3.000 millones, en favor de los padres de la víctima.
El tribunal concluyó que "se ha probado plenamente la responsabilidad del Estado, al comprobarse que el pavimento presentaba un bache de grandes dimensiones, incumpliéndose el deber de conservación y mantenimiento de la vía pública". El accidente se originó cuando la rueda delantera de un vehículo de gran porte se desprendió al caer en el bache e impactó contra el automóvil en que viajaba la víctima junto a otros menores, causando su muerte inmediata.
La demanda fue presentada en primera instancia por los padres del adolescente contra el MOPC reclamando indemnización por los daños sufridos. En esa etapa se acogió parcialmente la demanda por daño moral y daño emergente. Los padres habían solicitado un total de guaraníes 33.602.400.000 en concepto de daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico y pérdida de chance. El tribunal de primera instancia consideró que solo correspondía otorgar la indemnización por daño moral y daño emergente.
Ahora, con la ratificación de la Corte de Apelación, la sentencia queda firme respecto al reconocimiento de la responsabilidad estatal por la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, dejando establecido que el Estado incumplió su deber de conservación de las vías públicas.
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