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Nacional

Corte Suprema de Justicia — Ética judicial

Corte abre investigación administrativa contra jueces por proselitismo gremial en sedes judiciales

El pleno ordenó indagar actividades de campaña electoral en dependencias del Poder Judicial vinculadas a candidaturas para el Consejo de la Magistratura, tras denuncias sobre uso indebido de espacios institucionales.

Por Redacción·03 de junio de 2026
Close-up of an antique barometer showing intricate design and numbers.
Imagen referencial

El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió abrir una investigación administrativa tras denuncias sobre la presunta realización de actividades de campaña electoral en sedes judiciales del interior del país. La decisión fue impulsada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien presentó evidencia fotográfica y reportes que documentarían la utilización de espacios institucionales para actos vinculados a candidaturas para el Consejo de la Magistratura.

Las denuncias salieron a la luz tras la circulación de imágenes relacionadas con la candidatura de Jorge Bogarín Alfonso, aspirante a integrar el Consejo de la Magistratura, quien fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos. El descubrimiento ha generado cuestionamientos sobre los límites que deben observar los candidatos durante procesos electorales internos del sistema de justicia.

La apertura de investigación adquiere relevancia en el contexto actual de elecciones para el Consejo de la Magistratura, en tanto marca una posición institucional respecto de las restricciones que rigen el comportamiento de candidatos en recintos judiciales. El uso de espacios públicos del Poder Judicial con fines de promoción electoral representa, potencialmente, una transgresión de las normas de neutralidad e imparcialidad que caracterizan la función judicial.

La medida refleja el compromiso de la Corte Suprema con la probidad administrativa y la integridad del Poder Judicial, al investigar conductas que podrían comprometer la independencia de los órganos jurisdiccionales. La investigación administrativa será determinante para esclarecer los hechos denunciados y, en su caso, establecer responsabilidades.

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