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Nacional

Ministerio Público — Tráfico de influencias

Concejal liberal de Santa Rosa del Aguaray irá a juicio oral por presunto tráfico de influencias

El Juzgado de Garantía elevó a juicio oral la acusación contra Luis Alberto Sala Ferreira por exigir G. 24 millones supuestamente a cambio de gestionar la rectificación de un documento municipal. La defensa rechazó la oferta de compensación por daño social.

Por Redacción·03 de junio de 2026
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El Ministerio Público acusó al concejal liberal Luis Alberto Sala Ferreira, de Santa Rosa del Aguaray en el departamento de San Pedro, por el delito de tráfico de influencias ocurrido el 2 de febrero. Tras la audiencia preliminar celebrada ante el juez Rodrigo Estigarribia, el tribunal decidió elevar la causa a juicio oral y público.

Según la investigación fiscal, Sala Ferreira habría exigido G. 24.000.000 en nombre de la intendenta Silvia Trubger, supuestamente a cambio de que esta funcionaria firmara la rectificación de un documento relacionado con el fraccionamiento de un terreno. La acción presuntamente configuró un acto de corrupción destinado a facilitar un trámite administrativo municipal a cambio de un pago indebido.

Durante el debate preliminar, la defensa del concejal presentó seis incidentes para intentar dilatar la audiencia; sin embargo, el procedimiento se realizó conforme a derecho. Además, solicitó una salida procesal abreviada y ofreció una compensación por daño social de G. 6.000.000 pagadero en cuotas de G. 500.000. Tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva rechazaron esta propuesta.

Los incidentes presentados por la defensa incluyeron excepciones de incompetencia material y territorial, así como cuestionamientos sobre la legitimación activa de la querella. A pesar de estas objeciones, el juez Estigarribia consideró que existían elementos suficientes para llevar el caso a la siguiente etapa del procedimiento penal.

La elevación a juicio oral marca un hito importante en la investigación, ya que el caso pasará ahora a un tribunal de sentencia competente para conocer de la causa en su mérito y producir un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal del acusado. El juicio oral permitirá la práctica de prueba ante los magistrados que dictarán sentencia.

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