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#identidad digital

Imagen: firma.cl
Opinión

Identidad Digital y Derecho. Implicancias prácticas y jurídicas de la contravención directa al Principio de Reserva de Legalidad de la Resolución N° 733 de Noviembre del 2025

El debate sobre la identidad digital en el sector público revela profundas falencias jurídicas en el uso de firmas electrónicas avanzadas y del sistema de Clave Única, cuya implementación —a través de normas administrativas, reglamentos y resoluciones exentas sin habilitación legal expresa— vulnera principios esenciales del Derecho Público como la reserva de legalidad, afectando la validez de los actos administrativos y generando graves riesgos de ciberseguridad institucional. La falta de regulación adecuada, sumada a intentos de crear nuevas competencias y mecanismos de autenticación sin ley,

02 de diciembre de 2025

Imagen: redseguridad.com
Opinión

Identidad Digital y Derecho. Las claves únicas son datos personales y el sistema estatal que las soporta y gestiona no es un bien nacional de uso público

El sistema de Clave Única (CU) en Chile, promovido como una herramienta de identidad digital masiva, enfrenta críticas por su débil marco legal y falencias de seguridad. Su expansión al uso privado y la gestión por distintos ministerios sin base legal expresa generan riesgos jurídicos y técnicos. Expertos señalan que la falta de verificación multifactor y la delegación de responsabilidades podrían comprometer los datos personales de millones de usuarios. La situación evidencia la necesidad urgente de reingeniería del sistema y adecuación normativa. Chile encara así un debate sobre derechos dig

14 de octubre de 2025

Imagen: apafcv.com
Opinión

Sobre las nuevas e ilegales notificaciones de la Administración Electrónica, bajo el supuesto alero del Procedimiento Administrativo de la Ley N° 19.880

La implementación del sistema de Domicilios Digitales Únicos (DDU), según el artículo 46 de la Ley N° 19.880, ha sido distorsionada por una gestión administrativa que vulnera el principio constitucional de legalidad, al trasladar competencias exclusivas del Registro Civil al Ministerio de Hacienda sin fundamento legal expreso, generando inseguridad jurídica, tratamiento ilegítimo de datos personales y notificaciones electrónicas potencialmente nulas.

23 de septiembre de 2025