Cuando la teoría se aleja de la realidad: tarjetas de coordenadas

Hace algunas semanas, se ha tomado conocimiento que la CMF ha anunciado la postergación de la muy reciente regulación que invalida el uso de la reconocida tarjeta física de coordenadas como instrumento para confirmar transacciones bancarias.

Ante el cambio que impulsó la CMF para eliminar el mencionado mecanismo que facilita el pago los reclamos de personas mayores y organizaciones en relación con la caducidad de las tarjetas de coordenadas que se utilizan para trámites bancarios no se hicieron esperar.

Una vez más en nuestro país se dicta una norma con buenos propósitos pero se desentiende de los aspectos prácticos. La solución aplicada supone un proceso de inclusión digital, pero ello ocurre sólo en forma progresiva y paulatina en el tiempo.

Los datos disponibles permiten identificar con claridad la importancia que debe prestarle la autoridad a los estudios de comportamiento de los consumidores, para conocer qué sucede en la práctica, antecedente indispensable para anticipar los impactos y externalidades de cierta regulación.

La tarjeta de coordenadas es un mecanismo que facilita las operaciones bancarias para un segmento importante de la población, que tiene muy poco conocimiento del uso de nuevas tecnologías. La capacitación digital, incluyendo a los adultos mayores, es fundamental para la inclusión social y la adaptación a un mundo cada vez más tecnológico. Resulta necesario un diseño regulatorio que no sólo ponga atención en la búsqueda de ciertos resultados (aumentar los estándares de seguridad de las transacciones electrónicas) sino también a la forma cómo los usuarios de carne y hueso recibirán los cambios regulatorios. La información de la brecha digital en Chile ya estaba disponible. Estudio realizado por la Subtel (en conjunto Universidad Adolfo Ibáñez y Con@cción) del año 2021 aclaró que existe una estrecha relación entre menores niveles de ingresos y mayores grados de dificultad para el uso de trámites virtuales, y asimismo una relación entre menores niveles de educación y mayores grados de dificultad para el uso de servicios digitales.

Los lineamientos que da la OCDE sobre la materia constituyen una guía que debiera orientar a nuestras autoridades. Este organismo hace años anticipó la importancia de mejorar el marco jurídico de nuestro país a partir del desarrollo de estudios de mercado que brinden a las autoridades un conocimiento profundo sobre la conducta de los consumidores. Resulta fundamental el compromiso hacia las consultas públicas dentro de la administración, con un fuerte compromiso para que las autoridades interactúen con la sociedad. El año 2011, 14 años atrás, se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, lo que implica que el Estado chileno está reconociendo con esta ley el derecho de los ciudadanos (quienes serán impactados por las regulaciones) a participar en las políticas, planes, programas y acciones del gobierno.

Sin duda que quedan evidentes aprendizajes del proceso regulatorio relacionado con la eliminación de la tarjeta de coordenadas. Por cierto que hay otros procesos regulatorios recientemente terminados (regulación del pago mínimo y nueva fórmula de cálculo) o por dictarse (nuevo formato de estados de cuenta de tarjetas de crédito), y en todos estos casos el factor común es: la importancia de prestarle mucha atención al comportamiento de la personas que serán impactadas por la nueva regulación. No hacerlo es facilitar regulaciones poco eficientes y que tendrán poca aplicación práctica.

Conviene tener en mente que las regulaciones pueden abordar importantes objetivos públicos, pero pueden también perjudicar la productividad y afectar significativamente a las personas si se enfocan de forma descuidada y se diseñan de forma deficiente. La evaluación de beneficios y costos es fundamental, y asegura que la regulación respectiva se base en prácticas, principios y evidencia que sean de general aceptación para salvaguardar su valor y estabilidad en el futuro. Independientemente de las decisiones que tome la autoridad en el proceso regulatorio, la base de sus decisiones debe ser transparente y clara.

Las autoridades regulatorias al decidir si van a regular cierta materia y cómo lo harán, deben evaluar todos los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles, incluyendo la alternativa de no regular. Es de la mayor importancia que la autoridad regulatoria preste atención a indicadores cuantificables pero también a indicadores cualitativos de costos y beneficios que pueden ser difíciles de cuantificar, pero que es esencial considerar. En este caso, las dificultades prácticas que representaba para muchas personas el cambio repentino en el uso habitual de la tarjeta de coordenadas. Transparentar a la comunidad, a la academia, a los futuros destinatarios, las razones tenidas en cuenta para abordar en determinado sentido una regulación permite un control social necesario con el ejercicio del poder.

La guía básica del Presidente Obama (USA, 2011) sobre el Análisis del Impacto Regulatorio refiere lo siguiente: “el análisis regulatorio también cumple una importante función democrática; promueve la rendición de cuentas y la transparencia, y es un componente central del gobierno abierto”. Este pareciera ser un buen lineamiento para nuestras autoridades en Chile. (Santiago, 6 de octubre de 2025)