Chile y la tentación del control estatal sobre el dinero

El debate sobre el euro digital en Europa revela una tendencia que Chile no puede ignorar: el avance hacia sistemas financieros cada vez más controlados por los Estados. En la Unión Europea, la implementación de una moneda digital y de una identidad digital unificada (eID) ha encendido alarmas por el riesgo de que cada transacción, ahorro o gasto quede bajo supervisión estatal. Partidos como VOX han advertido que el euro digital “no es un método de pago, sino una herramienta de control”, capaz de eliminar la privacidad económica y concentrar el poder financiero en manos de los bancos centrales.

Chile, aunque aún no discute un “peso digital”, avanza en la misma dirección mediante una creciente digitalización de los pagos, la trazabilidad bancaria y la centralización de datos personales. Un ejemplo reciente es la Ley 21.713 de Cumplimiento Tributario, que obliga a los bancos a reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) a quienes reciban más de 50 transferencias en un mes o 100 en un semestre, con el fin de fiscalizar posibles actividades económicas informales. Aunque su objetivo declarado es combatir la evasión fiscal, esta normativa marca un precedente de control financiero estatal, al permitir que el Estado acceda a información sensible sobre los flujos personales de dinero. Bajo el argumento de la eficiencia y la transparencia, se consolida así un sistema donde la vida económica de los ciudadanos queda cada vez más expuesta, abriendo la puerta a un modelo de vigilancia financiera difícilmente compatible con una democracia libre.

El ejemplo de China demuestra los riesgos de esta ruta: con el yuan digital y el sistema de crédito social, el gobierno controla las transacciones y regula el comportamiento ciudadano, restringiendo empleos, viajes o créditos según su nivel de obediencia. Este tipo de prácticas reflejan hasta qué punto la tecnología, cuando se utiliza sin límites éticos ni jurídicos, puede convertirse en un medio para condicionar la libertad individual.

La digitalización debe estar al servicio de la libertad, no del control. Modernizar no puede significar vigilar. Chile debe anticiparse y proteger la privacidad financiera antes de que la tecnología se convierta en un nuevo instrumento de poder. (Santiago, 11 de noviembre de 2025)